Sánchez debe responder por los controles, no por una culpabilidad por proximidad

Pedro Sánchez debe rendir cuentas sobre los controles de su Gobierno y su partido sin que esa exigencia se convierta en una condena por proximidad. La nueva operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, con registros de la UCO y la detención de Cristian Corvillo, justifica reclamar explicaciones concretas. No autoriza a dar por probada la participación del presidente en los delitos investigados.

Corvillo fue chófer de Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. Ese vínculo tiene interés político, pero no demuestra por sí mismo una responsabilidad penal de quien recibió sus servicios. La cuestión relevante no es cuántas fotografías o relaciones personales pueden reunirse, sino qué funciones ejerció cada implicado y qué decisiones tomó.

La investigación sobre presuntos amaños de obra pública afecta al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La importancia de los cargos desempeñados impide tratar el asunto como una cuestión ajena al funcionamiento del poder. Reclamar una explicación sobre nombramientos, supervisión y controles es una obligación política distinta de anticipar sentencias.

El registro de Adif Alta Velocidad en busca de contratos sospechosos sitúa además el interés del contribuyente en el centro del debate. La contratación pública debe garantizar que el dinero se adjudica conforme a reglas y que las empresas compiten sin favores. La respuesta institucional debería permitir conocer qué controles se aplicaron y cómo se revisa su eficacia, respetando el secreto judicial.

También hay un límite que una crítica rigurosa debe preservar: investigar posibles irregularidades en contratos ferroviarios no equivale a establecer la causa de un accidente. Atribuir muertes a una trama exige acreditar una relación causal, no apoyarse en la coincidencia del sector afectado. La gravedad de una tragedia reclama más precisión, no menos.

La alternativa no es escoger entre impunidad política y culpabilidad anticipada. El Gobierno debe explicar su gestión; los investigadores, esclarecer las conductas; y los tribunales, resolver las responsabilidades penales. Exigir cuentas sin inventar condenas fortalece el control del poder. Confundir ambas tareas le ofrece una vía para esquivar las preguntas que sí debe contestar.

Fuente: Libertad Digital · leer el original