Investigar los contratos de Adif no sustituye a esclarecer los accidentes

El registro de Adif Alta Velocidad exige explicaciones sobre la contratación pública, no una conclusión anticipada sobre las causas de los accidentes ferroviarios. Investigar los contratos y esclarecer los siniestros son obligaciones compatibles. Confundirlas puede producir una acusación más rotunda, pero también una exigencia de responsabilidades menos precisa.

La UCO ha registrado Adif Alta Velocidad en una operación relacionada con presuntos amaños de obra pública. A raíz de esa actuación, Carlos Cuesta ha atribuido a la corrupción una pérdida de recursos necesarios para las vías y ha relacionado esa denuncia con los accidentes de Adamuz y Urda. Su argumento sitúa bajo una misma responsabilidad política la contratación, el mantenimiento y la seguridad.

Hay una intuición atendible en ese planteamiento: el dinero público desviado deja de servir al ciudadano. Pero de ese principio no se desprende automáticamente la explicación de un siniestro. Para establecer ese vínculo habría que identificar qué recursos se desviaron, qué actuación quedó sin realizar y qué relación tuvo esa omisión con el accidente. No es una indulgencia hacia el poder, sino una exigencia de rigor.

La responsabilidad política tampoco debe quedar suspendida hasta que exista una sentencia. Los responsables de Transportes pueden y deben explicar sus decisiones, los controles sobre los contratos y las prioridades de mantenimiento. Esa obligación de rendir cuentas es distinta de atribuirles un delito o una responsabilidad concreta por las muertes.

Para el contribuyente y el viajero, ambas cuestiones importan por razones propias. La contratación debe proteger el destino del dinero público; la gestión ferroviaria debe permitir examinar cómo se toman las decisiones que afectan a la seguridad. Ninguna de esas exigencias necesita apropiarse de las conclusiones de la otra.

Fiscalizar con dureza no consiste en unir todas las sospechas en una sola acusación. Consiste en formular preguntas verificables y exigir respuestas documentadas. La corrupción debe perseguirse aunque no explique un accidente, y los fallos de seguridad deben esclarecerse aunque no procedan de la corrupción.

Fuente: Libertad Digital · leer el original