Digitalizar la burocracia no basta para reformar la Administración

Una Administración más digital no es necesariamente una Administración más sencilla. La prueba de una reforma financiada con fondos europeos debería ser su capacidad para eliminar trámites innecesarios y mejorar el servicio, no convertir cada procedimiento existente en una versión electrónica. Confundir ambos objetivos permite presentar la renovación de herramientas como una transformación institucional.

El Tribunal de Cuentas Europeo sitúa a España como el país que más fondos Next Generation ha absorbido para mejorar su estructura administrativa: 11.033 millones de euros. Ese volumen justifica una exigencia de resultados, pero no demuestra por sí solo ni despilfarro ni éxito. La cuestión decisiva es qué mejoras produce el gasto.

El diagnóstico de los países examinados apunta precisamente a esa diferencia. Según el Tribunal, las reformas se concentraron fundamentalmente en la digitalización, mientras quedaron sin abordar insuficiencias y debilidades estructurales. No más de un tercio de las medidas auditadas concluyeron con resultados satisfactorios. Es un balance del conjunto examinado, no una tasa que deba adjudicarse automáticamente a España.

La prioridad debería ser revisar el procedimiento antes de financiar su actualización tecnológica. Si el objetivo es evitar duplicidades y simplificar la relación con el sector público, conservar todas las exigencias y cambiar únicamente el soporte resulta insuficiente. Para ciudadanos y empresas, la utilidad de la reforma está en una relación administrativa más racional, no en el número de herramientas adquiridas.

También importa conocer el recorrido del dinero. Bruselas advierte de que parte de los fondos atribuidos a la Administración puede terminar en empresas privadas mediante subcontrataciones y señala una transparencia insuficiente para seguir ese destino. Contratar servicios privados no invalida una inversión pública; lo exigible es poder identificar su función y evaluar el resultado.

El Gobierno reivindica la transparencia como característica de su gestión. Esa afirmación debe traducirse en información que permita relacionar recursos, actuaciones y mejoras verificables. Modernizar la Administración no consiste en escoger entre gestión pública y proveedores privados, sino en someter ambas a una exigencia común: que el dinero destinado a reformar la burocracia sirva para reducirla, no únicamente para digitalizarla.

Fuente: Libertad Digital · leer el original