Proteger el comercio frente al saqueo es defender una libertad cotidiana
Los escaparates protegidos de la calle Fuencarral plantean una cuestión anterior a cualquier interpretación sociológica: la seguridad de un negocio no puede depender de su capacidad para atrincherarse.
Poder abrir una tienda sin miedo al saqueo es una libertad que merece protección pública. El viernes al anochecer, algunos comercios de la calle Fuencarral, en Madrid, colocaban paneles sobre sus ventanales ante los planes que circulaban por las redes. Esa precaución muestra dónde empieza el problema: antes de que se rompa un cristal, la amenaza ya altera el uso normal de un establecimiento.
La diferencia importa. Un escaparate protegido no acredita un saqueo consumado, pero tampoco es una escena irrelevante. Hay operarios, herramientas y una actividad dedicada a defender lo que normalmente está dispuesto para recibir clientes. La intimidación desplaza así recursos del funcionamiento del negocio hacia su protección. No hace falta exagerar lo sucedido para reconocer esa carga.
Los mensajes intervenidos incluían planes para acudir a tiendas como Nike, Cartier, Dior, Lacoste o Apple. La selección de marcas puede alimentar interpretaciones sobre el deseo de consumo, pero no resuelve por sí sola las motivaciones de quienes participaban. Mucho menos permite adjudicarles una identidad política. Convertir una lista de objetivos comerciales en un diagnóstico ideológico sería sustituir la investigación por una etiqueta.
Tampoco necesitamos conocer una explicación definitiva para establecer una prioridad. Comprender por qué alguien quiere apropiarse de bienes ajenos y evitar que lo haga son tareas compatibles. La frustración puede merecer atención; no concede un derecho sobre el escaparate de otro. Una política de seguridad no debería esperar a que termine el debate sociológico.
La prevención, además, debe distinguir entre amenazas, preparativos y daños efectivamente cometidos. Exigir protección para los comerciantes no significa reclamar sospechas indiscriminadas sobre los jóvenes ni equiparar una protesta con un saqueo. La misma seguridad jurídica que ampara la propiedad obliga a individualizar las responsabilidades.
Los paneles de Fuencarral pueden ser una precaución comprensible, pero no deberían convertirse en el modelo de convivencia. La respuesta pública debe permitir que el comercio siga siendo un espacio abierto, no una actividad condicionada por quién puede blindarse mejor. Defender esa normalidad es defender una libertad concreta.
Fuente: elpais.com · leer el original
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