El éxito del AVE debe medirse por su utilidad, no por su extensión

La modernidad ferroviaria debe medirse por la utilidad del servicio, no por los kilómetros construidos. Esa es la exigencia que conviene aplicar al AVE: reconocer su valor sin convertirlo en una excepción a la evaluación del gasto público. Una infraestructura puede representar un avance tecnológico y, al mismo tiempo, necesitar una justificación económica distinta para cada ampliación.

La inauguración del AVE en 1992 coincidió con los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal de Sevilla. La línea Madrid-Sevilla formó parte de un momento en el que España exhibía su capacidad para desarrollar grandes proyectos. Aquel logro tenía una dimensión material y otra simbólica: la alta velocidad acercaba al país a la imagen de modernidad europea que había perseguido durante la democratización.

Pero el valor de aquella primera experiencia no podía trasladarse automáticamente a toda la red posterior. Que una tecnología sea avanzada no significa que cualquier territorio, recorrido o volumen de demanda justifique la misma solución. La evaluación debe hacerse sobre cada proyecto, no sobre el entusiasmo que despierta el conjunto.

España extendió la alta velocidad por el país hasta situarse detrás de China por la dimensión de su red. Esa posición describe una capacidad constructora; no resuelve, por sí sola, si cada inversión era la mejor disponible. El puesto en una clasificación internacional no sustituye al examen de costes, uso y alternativas.

Para el contribuyente, esta distinción importa. Los recursos destinados a ampliar una infraestructura no pueden emplearse simultáneamente en conservarla o en atender otros servicios. No se trata de enfrentar territorios, sino de exigir que las decisiones expliquen qué necesidad cubren y por qué merecen prioridad frente a otras opciones.

Una política liberal de infraestructuras no consiste en rechazar las grandes obras. Consiste en negarles un cheque en blanco por su potencia simbólica. La ambición tecnológica y la disciplina presupuestaria son compatibles cuando la primera acepta someterse a resultados verificables.

El AVE no necesita funcionar como certificado permanente de modernidad nacional. Necesita justificar su servicio y sus inversiones. El verdadero salto institucional consiste en poder celebrar una obra sin renunciar a discutir cuánto cuesta y para qué sirve.

Fuente: elpais.com · leer el original