Pedraz reprocha al PSOE la demora y le da 15 días para entregar los contratos de abogados y consultores

Santiago Pedraz ha requerido de nuevo al PSOE para que aporte, en un plazo máximo de 15 días, la documentación sobre los abogados o consultores contratados entre 2021 y 2025. El instructor del caso Cloacas había solicitado esa información en dos ocasiones y reclama que el partido cumpla sin condicionar la entrega a consultas externas promovidas por su cuenta.

La decisión responde al escrito presentado el miércoles por el PSOE. El partido alegó que la información estaba amparada por el secreto profesional entre abogado y cliente, que recopilarla resultaba laborioso por su dispersión entre las organizaciones territoriales y que se encontraba ocupado con la campaña electoral.

La petición judicial comprende documentos de contratación y justificantes que permitan comprobar que los abogados prestaron realmente servicios al partido. Los investigadores sospechan que dos letrados investigados en la causa pudieron servir como vía para canalizar fondos del PSOE hacia Leire Díez.

El magistrado recuerda que su resolución del 6 de octubre ya excluía de la entrega aquello que afectara al secreto profesional. Por ello, reprocha al partido que intente reabrir artificialmente una cuestión resuelta y considera incompatible con la jurisprudencia extender esa protección a toda la documentación reclamada.

Para cualquier cliente de un abogado, la distinción afecta a la confidencialidad de su defensa: Pedraz sitúa la protección en las comunicaciones reservadas, los hechos revelados para obtener asesoramiento, la estrategia y el consejo jurídico. Según el juez, ese límite no permite bloquear de forma indiscriminada la entrega de contratos y justificantes de los servicios prestados.

El PSOE también había consultado al Consejo General de la Abogacía Española sobre el alcance del secreto profesional. Pedraz señala que esa iniciativa no suspende el requerimiento y que ninguna disposición legal permite paralizar una diligencia judicial a la espera del criterio de una corporación profesional.

El instructor subraya que le corresponde dirigir la investigación y determinar el alcance de las diligencias. En consecuencia, exige al PSOE que identifique de manera precisa e individualizada cada documento que considere protegido y exponga las razones jurídicas que justificarían su exclusión.

Respecto a la dispersión territorial de los archivos y al trabajo de precampaña, Pedraz las considera circunstancias internas imputables al partido. La resolución rechaza que puedan prevalecer sobre el deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia o justificar el incumplimiento del requerimiento.

Fuente: elmundo.es · leer el original