Pedraz da al PSOE 15 días para entregar la relación de abogados contratados entre 2021 y 2025

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado este viernes, 23 de octubre, una providencia que concede al PSOE un plazo máximo de 15 días para aportar el listado de abogados, despachos y consultorías legales que contrató entre 2021 y 2025. El magistrado reprocha al partido que intente justificar el incumplimiento de sus resoluciones después de haberle reclamado esa documentación en dos ocasiones.

La decisión llega después de que el PSOE volviera a negarse el jueves a facilitar la información. El partido invocó el secreto profesional, pidió más tiempo y recurrió al Consejo General de la Abogacía Española para consultar sobre la entrega de los documentos.

Pedraz, que investiga presuntas maniobras del PSOE para desbaratar causas judiciales en su contra, sostiene que esa consulta no tiene efecto suspensivo. Según razona, el cumplimiento de una resolución judicial no puede quedar condicionado a un procedimiento externo promovido por el propio destinatario del requerimiento.

El instructor exige además que el PSOE identifique de forma precisa e individualizada los documentos cuya entrega pudiera vulnerar el secreto profesional. Le reprocha que su respuesta no señale información concreta protegida, sino que extienda esa objeción de manera genérica a toda la documentación solicitada.

La resolución del 6 de octubre en la que se reclamó la información ya excluía expresamente los contenidos afectados por el secreto profesional, recuerda el magistrado. Por ello, considera que esa garantía fue ponderada al delimitar la diligencia y rechaza reabrir el debate en los términos planteados por el partido.

La distinción afecta a una garantía de cualquier cliente que recurra a un abogado: la confidencialidad de su asesoramiento y su defensa. Pedraz sitúa el límite de la investigación en el acceso innecesario a comunicaciones confidenciales, hechos revelados para recibir consejo jurídico, estrategias de defensa y documentos reservados, así como a información de otros clientes ajenos a la causa.

El PSOE también alegó dificultades para reunir los datos porque no están centralizados. En su escrito explicó que las organizaciones territoriales pueden contratar esos servicios para sus propios procedimientos y necesidades, lo que obliga a recabar información de distintos interlocutores. Asimismo, adujo la campaña electoral como motivo de la demora.

El juez rechaza que esas razones prevalezcan sobre el deber de colaborar con la Administración de Justicia. La providencia mantiene la obligación de entregar la documentación dentro del plazo fijado, sin supeditarla a la respuesta de la corporación profesional.

Fuente: abc.es · leer el original