Pedir que se retire aceite no da derecho a impedir que otros lo vendan

Las organizaciones agrarias pueden defender que se almacene aceite, pero no deberían poder imponer esa estrategia a quien prefiera venderlo. Ese es el límite que importa. No basta con que una intervención haya sido solicitada por representantes del sector para que respete a todos sus integrantes. La representación no equivale al consentimiento.

La resolución firmada por Luis Planas, reclamada por organizaciones agrarias y celebrada por la Junta de Andalucía, obliga a cada almazara a guardar el 12% de su producción, sin remuneración por esa retirada, hasta septiembre de 2027. El ministro sostiene que el consumidor no lo notará en el bolsillo; el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco anticipa que limitar la oferta con la misma demanda elevará los precios. Los envasadores de Anierac han anunciado que recurrirán la resolución.

Almacenar puede ser una decisión empresarial perfectamente razonable. Un productor puede preferir esperar a vender, asumir el coste y confiar en obtener después un precio mejor. Es su aceite. Es su riesgo. Lo que necesita una justificación distinta es obligar a seguir esa apuesta a todos los demás, incluidos quienes pudieran necesitar ingresos ahora o discrepar de la estrategia.

La obligación uniforme borra esas diferencias. Una misma proporción no supone necesariamente el mismo sacrificio para cada empresa. Sobre todo, transforma la facultad de disponer de la producción en una autorización condicionada por la política comercial colectiva. La propiedad queda en el depósito; la decisión sale de él.

Tampoco resuelve el problema prometer que el comprador no pagará más. Aunque esa promesa se cumpliera, seguiría pendiente explicar por qué debe prohibirse una venta que productor y cliente aceptarían libremente. El perjuicio para el consumidor merece examen, pero la libertad de vender no depende únicamente del precio final de la botella.

El respaldo de administraciones de distinto signo no elimina esa objeción. Solo demuestra que una restricción puede reunir un acuerdo político amplio. Y recurrirla por interés empresarial no invalida el recurso: defender el propio negocio también puede servir para poner límites a una decisión pública.

Quien quiera esperar para vender debe poder hacerlo. Quien quiera vender no debería necesitar permiso de quienes prefieren esperar.

Fuente: abc.es · leer el original