El derecho de huelga no concede poder para impedir trabajar

El derecho de huelga protege una decisión del trabajador; no convierte al sindicato en propietario de su voluntad. Esa es la frontera. Defenderla no debilita la protesta laboral. Impide que una libertad colectiva se transforme en una obligación impuesta a cada individuo.

En vísperas de la huelga general, la secretaria de Juventud de CCOO ha sostenido que el derecho a organizar piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar. La afirmación establece una jerarquía reveladora: la herramienta de movilización tendría prioridad sobre la elección de quienes no quieren sumarse al paro.

Un piquete puede informar, argumentar y persuadir. Todo eso forma parte de una protesta libre. Pero la superioridad que se reclama introduce otra lógica: la organización decidiría qué opción merece protección y cuál debe ceder. El trabajador dejaría de ser el sujeto del derecho para convertirse en el destinatario de una orden.

La adhesión no se decreta. Una huelga obtiene su fuerza de las personas que aceptan secundarla, no de la dificultad que encuentren las demás para acudir a su puesto. Confundir ambas cosas permite exhibir como respaldo lo que quizá solo sería imposibilidad de elegir. Y perjudica precisamente a quienes sí protestan por convicción.

Tampoco hace falta compartir los motivos del paro para defenderlo. Esa es la prueba liberal: proteger una libertad incluso cuando se discrepa de su ejercicio. La misma exigencia obliga a respetar a quien trabaja, sin pedirle un certificado de necesidad económica ni una explicación ideológica. Su decisión no necesita permiso sindical.

El problema no es que los sindicatos quieran una movilización amplia. Es que presenten su éxito como un título para ordenar las decisiones ajenas. Una organización que aspira a representar a los trabajadores debería reconocerlos también cuando le llevan la contraria. Representar no es mandar. La huelga merece protección; la obediencia, no.

Fuente: Libertad Digital · leer el original