Mataró estudia acciones legales contra Baños de Montemayor por pagar el traslado de una familia tras un conflicto de ocupación

El alcalde de Mataró, David Bote (PSOE), estudia emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Baños de Montemayor (Cáceres) por financiar el traslado a la ciudad catalana de una familia que había protagonizado un conflicto por la ocupación de un apartamento turístico. Bote reprocha al consistorio extremeño que actuara sin informarle y asegura que conoció la llegada por la prensa.

El regidor advierte de que esa decisión puede animar a otros municipios a trasladar a otra ciudad sus problemas de ocupación. Su anuncio se limita por ahora al estudio de posibles acciones legales. Baños de Montemayor reconoce que no hubo coordinación previa con el Ayuntamiento de Mataró.

El traslado formó parte del acuerdo alcanzado el 20 de octubre para que un matrimonio y sus dos hijos abandonaran los apartamentos turísticos La Plazuela. La salida se negoció en la calle, con la alcaldesa, Nieves del Vado (PP), y en presencia de agentes de la Guardia Civil, y se produjo sin incidentes. Los propietarios habían acudido a la empresa Desokupa 24 horas tras casi dos semanas de conflicto.

La familia alegó que no tenía dinero para marcharse y eligió Mataró como destino porque, según sostuvo, tenía familiares allí. El Ayuntamiento cacereño se comprometió a pagar el taxi y cinco noches de alojamiento en un hotel de la localidad barcelonesa.

Del Vado explicó que el gasto se sufragó con una partida municipal de contingencias y defendió que la intervención permitió recuperar el apartamento y poner fin a las protestas vecinales. La solución supuso asumir con fondos municipales el transporte y el alojamiento temporal de la familia. Según la alcaldesa, sus integrantes también pidieron cerca de 1.000 euros para manutención y amenazaron con regresar al establecimiento si no los recibían; el consistorio rechazó esa petición.

El conflicto había comenzado después de una reserva turística realizada el 30 de septiembre para una estancia de siete días. Llegado el 7 de octubre, la familia permaneció en el apartamento y alegó que disponía de un contrato de alquiler de siete años. Mariluz García, que regenta el alojamiento junto a su marido, Carlos Regidor, negó ese acuerdo y sostuvo que solo existía una reserva turística. Los propietarios denunciaron que la permanencia les impedía atender otras reservas.

Estefanía Asensio, una de las residentes, rechazó ser una ocupante sin título. Aseguró que Carlos le había entregado un contrato con el sello de la empresa y que había pedido que figurase a nombre de su madre por ser quien tenía ingresos. Acusó a los propietarios de intentar recuperar la vivienda pese a ese documento y de querer quedarse con el dinero.

Durante el conflicto se sucedieron concentraciones y caceroladas en apoyo de los dueños en este municipio de 700 habitantes, con presencia de la Guardia Civil para evitar altercados. Tras las críticas de Bote, Del Vado ha declinado hacer nuevas declaraciones. Antes había expresado su expectativa de que la familia pudiera acudir a los servicios sociales de Mataró si necesitaba asistencia.

Fuente: elmundo.es · leer el original