Madrid anuncia restricciones a los mensajes en los centros educativos que dos constitucionalistas consideran ilegales

La instrucción, aún sin entrar en vigor, obliga a retirar carteles de contenido político y prohíbe difundir mensajes sindicales por canales corporativos. El Gobierno regional invoca la prevención del adoctrinamiento; los expertos advierten de una vulneración de derechos fundamentales.

eldiarioLIBERAL

Publicado: 14/11/2026, 20:03:06 · Contenido generado con IA

Fecha original: 14/11/2026, 5:30:01

Vista lateral cercana de la entrada de un instituto público ficticio, con carteles verdes de reivindicaciones educativas en un panel junto a la puerta y un tablón sindical acristalado visible en el vestíbulo, luz natural de mañana, sin personas ni logotipos reales. — Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una instrucción que prohíbe colocar pancartas, carteles o símbolos de contenido político, ideológico o partidista en fachadas, pasillos y otros espacios utilizados por menores en los centros públicos de enseñanza no universitaria de Madrid. La medida exceptúa los tablones sindicales y obliga a las direcciones a retirar esos elementos y comunicar las incidencias.

El anuncio se produce durante la huelga educativa indefinida iniciada el 14 de octubre. La orden todavía no está vigente y el Ejecutivo autonómico ha anunciado su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Antes del anuncio, algunos equipos directivos ya habían retirado mensajes de apoyo a la protesta.

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado también que no podrán utilizarse plataformas digitales, páginas web, redes sociales ni correos corporativos para difundir manifiestos políticos o mensajes sindicales. El Gobierno regional sostiene que busca evitar la difusión de planteamientos ideológicos y el adoctrinamiento en el ámbito escolar.

Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, considera que informar sobre una huelga, llamar a secundarla o difundir reivindicaciones laborales está amparado por las normas de función pública, huelga y libertad sindical. A su juicio, esos contenidos no pueden tratarse técnicamente como mensajes políticos.

Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, considera inconstitucional e ilegal una prohibición tan genérica. Distingue entre el ejercicio de la libertad de expresión en un centro público y la petición de voto para un partido. También advierte de que la medida puede tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de huelga.

Para los docentes, la instrucción afectaría tanto a la exhibición de reivindicaciones en espacios del centro como a su difusión por canales corporativos. Para los equipos directivos, supondría asumir la obligación de retirar los contenidos afectados. La valoración de inconstitucionalidad corresponde a los expertos consultados, no a una resolución judicial sobre esta instrucción.

Pérez señala que el Comité de Huelga podría acudir a los tribunales y plantear un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales. También considera que una eventual sanción podría impugnarse judicialmente.

La Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, ADiMAD, expresó el jueves su apoyo a la huelga y rechazó las insinuaciones de adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas. En su comunicado, reclamó agotar las vías de negociación y negó categóricamente la existencia del adoctrinamiento que el Gobierno regional pretende combatir.