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Las víctimas de Magrudis acusan al Ayuntamiento de Sevilla de bloquear el acuerdo de indemnización

La Audiencia concede otra semana para negociar las compensaciones por el brote de listeriosis de 2019. El consistorio sostiene que no está obligado a pagar mientras no sea condenada la veterinaria municipal acusada.

eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Exterior de un edificio judicial en Sevilla, con puertas de acceso y una calle tranquila en primer plano, luz natural de otoño y sin personas reconocibles.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

Los abogados de las víctimas del brote de listeriosis de Magrudis responsabilizan al Ayuntamiento de Sevilla de impedir que se cierre un acuerdo para garantizar las indemnizaciones de los afectados. Según los letrados Manuel Parrilla y Germán Grima, falta el compromiso municipal de aportar la cantidad que no cubran las aseguradoras. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha aceptado aplazar otra semana el inicio del juicio para dar margen a la negociación.

Las reclamaciones que se negocian rondan los 10 millones de euros. Las dos aseguradoras del Ayuntamiento habían consignado más de seis millones y, durante la última semana, una de ellas ha elevado su aportación, según los abogados. Grima ha señalado que las cantidades siguen abiertas a negociación.

Parrilla asegura que el letrado del Ayuntamiento no ha recibido instrucciones para comprometer una aportación municipal. Los representantes de los afectados sostienen que las víctimas ya están haciendo un esfuerzo al aceptar los criterios objetivos de indemnización del Instituto de Medicina Legal y reclaman que el consistorio participe en el acuerdo.

El Ayuntamiento, personado como responsable civil subsidiario y también como acusación particular, vincula el pago a la situación de la veterinaria municipal procesada. Fuentes municipales sostienen que aceptar lo solicitado supondría dar por condenada a la funcionaria antes de que exista una sentencia y defienden que, mientras no sea condenada, el consistorio no está obligado a pagar.

Los abogados de las víctimas discrepan: consideran que la ausencia de una condena penal a la veterinaria no excluye la responsabilidad civil municipal por las imprudencias de sus empleados públicos. La Fiscalía no acusa a la funcionaria, pero sí señala al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario por las deficiencias en la inspección de Magrudis y en el control sanitario de la empresa.

Para los afectados, el pacto busca asegurar el cobro de las compensaciones sin depender del resultado de un macrojuicio con 43 sesiones previstas. Para las cuentas municipales, la negociación plantea una aportación de fondos públicos que complete las coberturas de los seguros, todavía sin compromiso del consistorio.

El brote, originado en la fábrica sevillana en 2019, dejó más de 250 infectados, cuatro fallecidos y seis abortos. Grima representa a 182 afectados, mientras que Facua asiste a 64 víctimas. Parrilla defiende a los mellizos Pablo y Javier, de siete años, con discapacidades reconocidas del 75% y del 40%, respectivamente, y cuyas reclamaciones son las de mayor cuantía.

La Junta de Andalucía debe certificar además la retirada de los 3,8 millones de euros que reclamaba por gastos hospitalarios. La Administración autonómica se comprometió a renunciar a esa cantidad si las partes alcanzaban un acuerdo.

Fuente: elpais.com · leer el original

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