La vivienda necesita reglas estables, no una segunda oportunidad para el Gobierno

La política de vivienda no puede ofrecer seguridad a los ciudadanos si trata la derrota parlamentaria como un inconveniente de calendario. Las reglas importan. También las reglas para aprobarlas. Un Gobierno que promete certidumbre debe empezar por aceptar que el control de sus decisiones no es un trámite ornamental.

Anna Grau cuestiona la convalidación por la Diputación Permanente del decreto de vivienda que el Congreso había rechazado previamente. Su crítica se centra en recurrir al órgano que mantiene la continuidad parlamentaria entre la disolución y la renovación de las Cortes para sacar adelante una iniciativa antes tumbada por el Pleno.

El problema liberal no consiste en declarar ilegítima cualquier decisión de la Diputación Permanente. Tampoco en atribuir carácter eterno a una votación perdida. Una democracia permite rectificar, negociar y volver a presentar propuestas. Pero cambiar de escenario no equivale a mejorar una norma. Recuperar una iniciativa exige una justificación política que no se agota en reunir los votos necesarios en otra ocasión.

En vivienda, esta distinción tiene especial importancia. Propietarios e inquilinos necesitan saber a qué atenerse al contratar. La seguridad jurídica no es un privilegio del dueño ni una concesión al arrendatario: es la condición para que ambos puedan asumir compromisos sin depender de la siguiente maniobra parlamentaria. El contrato necesita reglas, no sobresaltos.

Por eso conviene separar dos debates que el partidismo mezcla con entusiasmo. Una medida puede perseguir un objetivo defendible y merecer un rechazo por su contenido. También puede aprobarse mediante un procedimiento legal y seguir necesitando una explicación política convincente. La legalidad no elimina la rendición de cuentas. Ganar una votación tampoco demuestra haber diseñado una buena política.

Este criterio debe valer para cualquier Ejecutivo. Defender los límites únicamente cuando gobierna el adversario convierte el parlamentarismo en una preferencia de temporada. Y defender la propiedad exige defender también instituciones cuyo funcionamiento no dependa de quién necesita salvar un decreto.

La vivienda necesita estabilidad para quien firma. No una repesca para quien gobierna.

Fuente: Libertad Digital · leer el original