La UDEF recoge mensajes en los que el entonces presidente de Plus Ultra aludía a ilegalidades antes del rescate

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recoge una conversación del 3 de diciembre de 2020 en la que Julio Martínez Sola, entonces presidente de Plus Ultra, manifestaba a Rodolfo Reyes que en la compañía se cometían ilegalidades, aunque sostenía que se hacían de común acuerdo. En ese intercambio también defendía esperar a recibir la ayuda pública antes de realizar cambios en la aerolínea.

La Policía analiza estos mensajes dentro de las conversaciones sobre las negociaciones del rescate. La referencia de Martínez Sola a actuaciones ilegales figura en la documentación policial como parte del contenido de los chats, no como una conclusión judicial sobre la conducta de la compañía.

El informe reconstruye asimismo las comunicaciones del día anterior. Según la UDEF, Roberto Roselli, uno de los accionistas de Plus Ultra, informó de que el 2 de diciembre de 2020 habían presentado documentación ante la SEPI para atender una subsanación requerida por el organismo.

Roselli trasladó además un mensaje sobre la contratación de asesores y el próximo inicio de sus trabajos. Los investigadores atribuyen ese mensaje a José Ángel Partearroyo Martín, director de Participadas de la SEPI y uno de los responsables que intervenían en la tramitación del rescate.

La UDEF relaciona ese intercambio con la función administrativa de Partearroyo: fue quien formalizó la memoria justificativa de la contratación por el procedimiento de emergencia del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este instrumento, gestionado por la SEPI, se utilizó para conceder ayudas empresariales durante la pandemia.

El rescate de Plus Ultra ascendió a 53 millones de euros de fondos públicos y fue concedido en 2021. El destino de ese dinero y el cumplimiento de los requisitos de acceso a la ayuda han sido objeto de cuestionamiento político y de actuaciones judiciales. El Gobierno ha defendido la concesión del apoyo a la aerolínea.

La causa que examinaba la concesión del rescate fue archivada en 2023 por plazos procesales. La investigación posterior sobre presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal constituye una causa distinta, centrada en el eventual uso de fondos para operaciones vinculadas con España, Francia y Suiza.

Fuente: Libertad Digital · leer el original