La UCO sospecha de ramificaciones territoriales en los contratos del PSOE bajo investigación

Las explicaciones del PSOE al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz han despertado en los equipos de investigación de la UCO la sospecha de que las posibles vías de financiación de la presunta red vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán podrían extenderse a las organizaciones territoriales del partido.

El elemento que ha suscitado esa sospecha es la respuesta de la asesoría jurídica socialista sobre dónde se encuentra la documentación reclamada. El PSOE sostiene que debe recabarla de distintos interlocutores porque sus estructuras territoriales pueden realizar encargos para atender procedimientos y necesidades de su ámbito.

La Audiencia Nacional investiga si algunos contratos con despachos de abogados o consultoras sirvieron de cobertura para efectuar pagos a esa presunta red. El requerimiento judicial reclama contratos y pagos, no el contenido de conversaciones entre abogados y clientes ni las estrategias de defensa.

En su escrito, el PSOE defiende que tanto el partido como su asesoría jurídica han colaborado en el procedimiento y reitera su disposición a atender las peticiones judiciales. Justifica la falta de entrega de la documentación en tres motivos: su dispersión territorial, la concentración de la actividad en la campaña electoral y la protección de derechos de terceros.

Sobre este último argumento, los socialistas sostienen que la información afecta a personas ajenas al partido cuyos derechos e intereses podrían resultar perjudicados si los datos se conocieran públicamente. Entre los obstáculos que invocan para aportarlos figura el secreto profesional entre abogado y cliente.

El partido también cuestiona el tiempo disponible para responder. Según su escrito, la UCO trasladó por correo electrónico a la asesoría jurídica el requerimiento del 6 de octubre al día siguiente, sin que la notificación llegara directamente del órgano judicial.

El PSOE añade que ese requerimiento no fijaba un plazo y que, en el intervalo descrito en su respuesta, solo habían transcurrido siete días hábiles. Considera insuficiente ese tiempo para reunir una documentación que abarca cinco años y todo el ámbito territorial del partido.

Fuente: Libertad Digital · leer el original