El parapeto contable del PSOE

El PSOE usa el secreto profesional como parapeto contable. El partido invoca esa garantía ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para no aportar por ahora la documentación reclamada. El magistrado investiga si contratos con abogados y consultoras encubrieron pagos a la presunta red vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán. Pide contratos y pagos, no conversaciones entre letrados y clientes ni estrategias de defensa. Proteger la relación con el abogado no convierte toda contratación en materia reservada.

El PSOE invoca además los derechos de terceros y el perjuicio de una eventual difusión pública. Un requerimiento judicial no es una filtración. Ese temor no responde a qué documentos quedan protegidos: desplaza la discusión hacia lo que alguien podría divulgar. Las garantías para los afectados se discuten ante Pedraz, que tiene autoridad para determinar qué documentación necesita y cómo examinarla. El partido no puede convertir ese debate en una reserva genérica sobre contratos y pagos.

La dispersión territorial tampoco es un privilegio frente al juzgado. La asesoría jurídica del PSOE explica que las organizaciones regionales pueden contratar servicios por su cuenta y alega falta de información centralizada. Esa autonomía puede retrasar la recopilación; no convierte cada organización en una excepción al requerimiento. Para la UCO, la respuesta ha abierto la sospecha de posibles ramificaciones territoriales de la presunta red. Lo presentado como dificultad administrativa interesa así a la investigación: quién contrató, qué servicio encargó y qué pagos realizó.

Reunir cinco años de documentos en los siete días hábiles que alega el PSOE plantea una dificultad atendible. Además, el requerimiento no establecía plazo. Pero localizar un documento y determinar si está protegido son problemas distintos. El volumen del archivo permite discutir cuánto llevará recopilarlo, no ampliar por esa vía el secreto profesional. La respuesta mezcla el tiempo necesario para atender la petición con las reservas sobre su entrega. Una dificultad de gestión no gana rango de garantía por figurar junto a ella.

La campaña electoral, otra explicación socialista, remata la confusión. Competir por votos añade trabajo al partido, no una excepción para sus cuentas. Los tribunales no trabajan al ritmo de los mítines. El PSOE asegura que colabora y reitera su disposición a atender las peticiones. Esa disposición se mide en la documentación que Pedraz pueda examinar, con las garantías pertinentes, no en las veces que se proclame. La carga electoral pertenece a la organización; no delimita las necesidades del juzgado.

Contratar abogados no pone las cuentas a salvo del juez.