El Gobierno mantiene su respaldo a Mercedes González pese a su investigación en el caso Leire

El Gobierno mantiene la confianza en Mercedes González al frente de la Guardia Civil mientras se investiga su relación con el caso Leire. La causa, en la que se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, no ha llevado al Ejecutivo a plantear su destitución.

Fuentes socialistas han defendido a González con el argumento de que sus encuentros con la exmilitante del PSOE Leire Díez no bastan para exigir su salida. La posición de Moncloa es que la continuidad de un alto cargo debe valorarse por el contenido de la causa y los indicios existentes, no por la apertura de una investigación judicial.

El caso alcanza también a Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil. Está investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por su supuesta implicación en la trama que habría liderado Díez para torpedear investigaciones que afectaban al Gobierno. Llamas ha asegurado públicamente que no tiene intención de dimitir.

Los encuentros de González con Díez obligaron además al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a dar explicaciones sobre sus primeras declaraciones, en las que había negado que se hubiera producido aquella reunión. El Ejecutivo tampoco exigió su salida.

Dentro del PSOE, la gerente Ana María Fuentes está igualmente investigada por su relación con Díez. El partido sostiene que no tiene responsabilidad alguna y que se limitaba a trabajar bajo las órdenes del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

El respaldo a estos cargos se encuadra en el criterio del Gobierno de que una imputación no supone por sí sola un motivo para exigir responsabilidades políticas. El Ejecutivo invoca la presunción de inocencia para defender su continuidad.

El PSOE situó el umbral de sus códigos éticos en la apertura de juicio oral. En su último Congreso Federal introdujo excepciones que permiten continuar en sus puestos a cargos procesados que aleguen ser víctimas de persecución judicial con fines políticos.

Fuente: Libertad Digital · leer el original