El IJM y CEU-CEFAS proponen derogar o reformar el 76% de las leyes que han auditado

El Instituto Juan de Mariana (IJM) y CEU-CEFAS recomiendan eliminar o modificar 453 normas con rango de ley aprobadas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La segunda entrega de su proyecto Desenredar España culmina una auditoría de 598 disposiciones y plantea actuar sobre el 76% de las examinadas.

El estudio distribuye sus recomendaciones en cuatro grupos: derogar completamente 132 leyes; eliminar otras 31 mediante la renegociación de compromisos europeos; revisar 99 para retirar cargas adicionales a las exigidas por Bruselas; y reformar en profundidad otras 191. Los investigadores consideran que 145 disposiciones, el 24% del total, pueden mantenerse sin modificaciones prioritarias.

Por etapas, el informe propone intervenir sobre 137 de las 208 leyes analizadas del Gobierno de Zapatero, un 66%. En el caso de Rajoy, señala 112 de las 147 examinadas, el 76%. La proporción alcanza el 84% con Sánchez: 204 de las 243 normas estudiadas. Los periodos evaluados tienen distinta duración.

Uno de los ejes de la auditoría es la incorporación a la legislación española de obligaciones que exceden las establecidas por la Unión Europea. Las 99 leyes identificadas en esta categoría afectan a actividades como los servicios financieros, el capital riesgo, la auditoría de cuentas y la evaluación ambiental. Los autores sostienen que retirar esas exigencias reduciría costes para las empresas.

Para los contribuyentes, las propuestas incluyen eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio y rehacer la legislación del IRPF para simplificar sus excepciones, deducciones y tratamientos diferenciados. El informe también reclama revisar las reformas tributarias de 2015 que, según sus autores, ampliaron las potestades discrecionales de Hacienda y debilitaron las garantías jurídicas de los ciudadanos.

En el Impuesto sobre Sociedades, los investigadores plantean un tipo del 15%, exigible únicamente cuando las empresas distribuyan dividendos, junto con la amortización inmediata de las inversiones empresariales. El objetivo declarado es favorecer la reinversión de beneficios y la acumulación de capital.

La auditoría utiliza Langscore, una aplicación de análisis jurídico y evaluación económica. La plataforma empleada permite procesar un universo de 649.000 desarrollos normativos del Boletín Oficial del Estado y se complementa con modelos de inteligencia artificial entrenados con más de 5.000 documentos de instituciones económicas.

El sistema evalúa la carga regulatoria, la complejidad, el potencial de liberalización, el grado de intervencionismo y la extensión de las leyes. También permite examinar artículos, detectar conexiones entre normas y elaborar borradores alternativos. El trabajo tecnológico se completa con la revisión de juristas y economistas.

Fuente: Libertad Digital · leer el original