La UCO requiere documentación en Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude en las pulseras antimaltrato

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han personado este jueves, 12 de noviembre, en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas para requerir documentación sobre las pulseras antimaltrato. La Fiscalía Europea ha confirmado que las actuaciones forman parte de una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos.

Según fuentes jurídicas, los agentes han acudido a la sede del órgano fiscalizador, en la calle de Padre Damián de Madrid, y al ministerio que dirige Ana Redondo para solicitar información. Esas fuentes señalan que, si no se obtiene la documentación requerida, se efectuaría una entrada y registro.

La Fiscalía Europea sitúa el objeto de las pesquisas en los fondos destinados a adquirir pulseras telemáticas para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. El organismo ha indicado que la investigación comenzó el pasado año y que no facilitará más detalles sobre su estado.

Estos dispositivos, gestionados por Igualdad, permiten controlar a agresores con órdenes de alejamiento. Su funcionamiento tiene una incidencia directa tanto en la protección de las víctimas como en la disponibilidad de registros de ubicación para acreditar posibles incumplimientos.

En septiembre de 2025, la memoria anual de la Fiscalía reveló un fallo en el traspaso de datos históricos tras un cambio de empresa gestora. Durante meses no se pudo acceder a registros anteriores de ubicación. La falta de pruebas GPS fiables en procedimientos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento derivó en sobreseimientos provisionales y absoluciones. La Fiscalía advirtió de una posible desprotección.

Redondo y su ministerio defendieron que la seguridad de las víctimas no se había visto comprometida y atribuyeron los fallos a problemas técnicos puntuales de migración. También señalaron que no hubo asesinatos de mujeres que portaran el dispositivo en 2023 y 2024.

El Tribunal de Cuentas había anunciado para 2026 una fiscalización de la contratación y gestión de las pulseras antimaltrato.

Fuente: Libertad Digital · leer el original