Fuentes del Tribunal de Cuentas cuestionan la profundidad de la fiscalización de los contratos de Adif

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que la fiscalización de los contratos de Adif y Adif-Alta Velocidad financiados con fondos europeos se quedó en un examen administrativo y no profundizó en posibles indicios delictivos. Su crítica se dirige al informe aprobado en diciembre de 2025 por el organismo que preside Enriqueta Chicano.

Estas fuentes consideran insuficiente el análisis realizado y sostienen que sus observaciones y recomendaciones fueron parciales y genéricas. A su juicio, la Fiscalía Europea está examinando ahora cuestiones sobre el destino de los fondos, su reparto y el cumplimiento de la legalidad que el órgano fiscalizador no abordó en profundidad.

La Fiscalía Europea abrió de oficio la semana pasada una investigación sobre un posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea de AVE Madrid-Sevilla. Las diligencias se desarrollan en el marco del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que dejó 69 víctimas mortales.

En colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha solicitado documentación a Adif, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Tribunal de Cuentas. La investigación se refiere a un posible fraude; su apertura no constituye una resolución que acredite delitos en esos contratos.

Los recursos fiscalizados proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. El control afecta al uso de dinero público destinado a infraestructuras ferroviarias y a comprobar que se aplica a los fines previstos, entre ellos actuaciones sobre la seguridad de la línea.

El informe recomendaba que Auditoría Interna evaluara el cumplimiento de los objetivos antes de que la Presidencia de Adif y Adif-Alta Velocidad emitiera su declaración sobre la gestión y utilización de los fondos. También proponía automatizar el intercambio de información entre los sistemas administrativos para eliminar procesos manuales.

Sobre la documentación de los adjudicatarios, el tribunal constató un cumplimiento general, aunque detectó insuficiente evidencia del poder de representación de los firmantes en seis expedientes e incidencias en la identificación de titulares reales en otros veintitrés. Consideró adecuadas las medidas sobre información, comunicación y publicidad.

El órgano fiscalizador también reclamó a Adif ejecutar sin dilación un plan para reducir el riesgo de prácticas colusorias en las ofertas. Además, pidió incorporar las deficiencias detectadas a las siguientes evaluaciones de riesgos sobre selección de actuaciones financiadas, conflictos de interés no declarados y pagos de sobornos o comisiones.

Fuente: Libertad Digital · leer el original