Fuentes jurídicas cuestionan al Tribunal de Cuentas por no fiscalizar los fondos europeos del ferrocarril

Fuentes jurídicas advierten de que la falta de fiscalización del reparto de fondos europeos para infraestructura ferroviaria podría tener consecuencias para el Tribunal de Cuentas. Estas fuentes vinculan sus objeciones a la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre el destino de las ayudas, sin atribuir al órgano presidido por Enriqueta Chicano la condición de investigado.

Las diligencias se iniciaron de oficio la semana pasada, en el marco del accidente ferroviario de Urda, en el que murieron 69 personas. La Fiscalía Europea, en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, solicitó documentación a Adif, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Tribunal de Cuentas.

La investigación busca determinar si se emplearon adecuadamente los fondos destinados a renovar y mejorar la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Se trata de una investigación por posible fraude, no de una resolución que acredite irregularidades.

El antecedente del cuestionamiento se remonta a 2023. Según una información exclusiva de Libertad Digital, el Tribunal de Cuentas no fiscalizó entonces el reparto de los fondos de recuperación y limitó su actuación a remitir cuestionarios a ministerios y otras administraciones sobre su organización interna para distribuirlos. Esa información sostiene que no se examinaron los criterios de adjudicación, la ejecución de las inversiones ni el reparto del dinero.

Para los ciudadanos, el objeto de estas actuaciones es el control del dinero público destinado a la infraestructura ferroviaria. La estimación recogida en esa información sitúa en más de 8.200 millones de euros los recursos recibidos por España del Plan de Recuperación y Resiliencia para ese fin, a los que añade casi 800 millones de fondos de cohesión del periodo 2021-2027.

En relación con la transparencia del plan de recuperación, el Tribunal de Cuentas Europeo reclamó a la Comisión Europea y al Gobierno español un calendario para corregir errores y lagunas. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo también envió una misión a España para analizar la implementación de los fondos.

Fuente: Libertad Digital · leer el original