La seguridad ferroviaria no se demuestra con una etiqueta de propiedad

El debate ferroviario debe exigir resultados y responsabilidades antes que adhesiones a una forma de propiedad. La nacionalización que propone Iván Redondo como respuesta a los problemas de la red necesita demostrar una conexión entre el cambio que defiende y los fallos que pretende corregir. Sin ese vínculo, no hay una solución que pueda evaluarse: hay una preferencia política.

El punto de partida importa. La red ferroviaria mantiene su carácter público y Renfe es una empresa pública. La presencia de otros operadores no equivale a que el Estado haya vendido la infraestructura. Confundir ambos planos impide identificar qué se quiere transformar: la propiedad de la red, la prestación del servicio o las decisiones de quienes lo gestionan.

Pero señalar esa confusión tampoco resuelve el debate. Una defensa liberal de la competencia no debería limitarse a invertir el argumento de Redondo y presentar la apertura del mercado como garantía automática de buen funcionamiento. La titularidad y el número de operadores son características del sistema, no pruebas suficientes de su calidad.

Hay además una cuestión de responsabilidad política. Las empresas extranjeras a las que alude esta controversia comenzaron a operar en la red durante la presidencia de Pedro Sánchez. Si ahora se plantea cambiar ese modelo, corresponde explicar qué decisiones se consideran equivocadas y por qué. Prometer una reorganización futura no sustituye el examen de la gestión realizada.

Para el viajero, la discusión útil no consiste en escoger una etiqueta ideológica, sino en saber qué mejora concreta se ofrece y quién responderá si no llega. Cualquier propuesta de reorganización debería permitir comparar sus objetivos con sus resultados. Ese criterio vale tanto para quienes reclaman más intervención como para quienes defienden más competencia.

La exigencia, por tanto, debe ser simétrica: ningún gestor merece confianza solo por ser público o por competir en el mercado. Antes de convertir la nacionalización en una promesa electoral, Redondo debería precisar qué cambiaría y cómo permitiría corregir los problemas. La rendición de cuentas empieza donde termina la suficiencia de los eslóganes.

Fuente: Libertad Digital · leer el original