La seguridad exige investigar conductas, no graduar la ciudadanía

La respuesta a los disturbios debe perseguir delitos, no establecer categorías de ciudadanía según el origen familiar. Esa exigencia permite defender a la vez la seguridad y la libertad: identificar a los responsables de la violencia, acreditar su participación y evitar que una detención se convierta en una condena colectiva sobre personas que comparten procedencia.

El 64% de los arrestados por los disturbios en Barcelona vinculados al fenómeno Blocus son españoles. En una comisión parlamentaria sobre este asunto, el diputado de Vox Sergio Macián cuestionó cuántos eran españoles de origen y cuántos extranjeros, aludió a personas magrebíes con DNI y atribuyó al PSOE la nacionalización de muchos de ellos. Su intervención trasladó el debate desde la actuación de los detenidos hacia la legitimidad de su pertenencia nacional.

Ese desplazamiento no resuelve ninguna de las preguntas relevantes para una investigación. La nacionalidad de los padres no acredita quién participó en un saqueo, quién promovió la violencia o qué hizo cada arrestado. Tampoco la nacionalidad española exculpa a nadie. La responsabilidad individual exige el mismo criterio en ambos sentidos, además de distinguir entre detención y culpabilidad.

Publicar datos sobre nacionalidad no debe ser un tabú. Las políticas de seguridad necesitan información y sus responsables deben poder ser fiscalizados. Pero esa transparencia tiene una finalidad distinta de revisar la españolidad de quienes ya son españoles. Convertir el origen familiar en una condición que rebaja la ciudadanía sustituye una categoría jurídica común por una clasificación política de pertenencias.

La exigencia de precisión también alcanza al Govern. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha pedido cerrar los grupos de mensajería masiva donde, según sostiene, se incita a los jóvenes a actuar con violencia, así como identificar a quienes están detrás. Actuar contra esa incitación exige fundamentar cada intervención en conductas concretas y justificar su alcance: combatir los disturbios no vuelve irrelevantes las garantías.

Una política de seguridad seria debe responder por su capacidad para esclarecer los hechos y proteger a los ciudadanos. Ni la ascendencia sustituye a las pruebas ni la urgencia dispensa al poder de dar explicaciones. La firmeza compatible con la libertad consiste en exigir responsabilidades por lo que cada persona hace, sin graduar sus derechos por el lugar del que procede su familia.

Fuente: elpais.com · leer el original