La seguridad del AVE exige responsabilidades concretas, no un plebiscito sobre la competencia

La seguridad ferroviaria debe examinarse por las obligaciones de cada responsable, no por su carné de empresa pública o competidor. Convertir el accidente de Urda en un referéndum sobre la liberalización permite discutir de ideología antes de establecer qué falló. Es cómodo para las tertulias. Para exigir cuentas, sirve bastante menos.

En el choque estuvieron implicados trenes de dos compañías públicas, una española y otra italiana, sobre una infraestructura también construida, mantenida y gestionada por una empresa pública. Esa distribución importa para identificar responsabilidades. No demuestra que la propiedad estatal cause accidentes, del mismo modo que la presencia de varios operadores no demuestra que la competencia los provoque.

Domingo Soriano señala que España ocupa el segundo puesto mundial en kilómetros de alta velocidad y el séptimo en pasajeros. También sitúa su utilización, medida en trenes por kilómetro de vía, muy por debajo de Francia, Alemania e Italia. La comparación cuestiona que deba darse por evidente una saturación general. No permite, por sí sola, resolver qué ocurrió en un tramo concreto.

Aquí conviene exigir a los defensores del mercado el mismo rigor que reclamamos a sus adversarios. Una red menos utilizada que otras no queda automáticamente bien mantenida. Y una oferta comercial más amplia tampoco constituye un certificado de seguridad. La competencia puede mejorar el servicio; no sustituye las obligaciones de quien gestiona la infraestructura.

Soriano atribuye además a la apertura del servicio una caída de los precios y un mayor acceso de las familias con menos renta. Ese beneficio para el bolsillo merece protección. Pero su defensa no requiere minimizar las incidencias: un viajero tiene derecho a valorar el precio y a exigir fiabilidad sin que le obliguen a escoger una bandera.

La exigencia razonable es que cualquier propuesta de recortar frecuencias se justifique por necesidades concretas de seguridad o funcionamiento, no por nostalgia del operador único. Y que cualquier defensa de mantenerlas acepte el mismo examen. Ni menos trenes por reflejo político ni más trenes como dogma: responsabilidades identificables y decisiones justificadas. La seguridad no debería ser el comodín con el que cada bando gana la discusión antes de investigar.

Fuente: Libertad Digital · leer el original