La responsabilidad ferroviaria exige señalar decisiones, no repartir culpas

La rendición de cuentas por la gestión ferroviaria debe seguir la cadena de decisiones, no convertirse en una acusación contra todos los que sostienen al Gobierno. Exigir responsabilidades concretas es más incómodo para el poder que declarar culpable a un bloque político entero: obliga a identificar competencias, prioridades y actuaciones.

Emilio Campmany plantea que el debate sobre la dimisión de Óscar Puente se queda corto y atribuye a Pedro Sánchez una política de ahorro en infraestructuras que vincula con el deterioro ferroviario. Su reproche se extiende a socios parlamentarios, cargos socialistas, responsables institucionales, funcionarios y periodistas. El problema de esa ampliación es que reúne bajo una misma culpa conductas y obligaciones muy diferentes.

La responsabilidad política del presidente no desaparece porque exista un ministro competente. Si el mantenimiento de la red depende de prioridades presupuestarias del Ejecutivo, esas prioridades merecen explicación al máximo nivel. Pero atribuir un accidente a una decisión de gasto exige establecer ese vínculo; la jerarquía política no sustituye la determinación de sus causas.

Tampoco una dimisión ministerial puede servir como cierre automático. La cuestión relevante es qué decisiones se adoptaron sobre conservación, qué controles funcionaron y qué correcciones se impulsaron. Sustituir a un responsable sin aclarar esos extremos puede cambiar el nombre del despacho y dejar intacto el problema de gestión.

Los socios parlamentarios responden por su apoyo al Ejecutivo y por el control que ejercen sobre él. Esa responsabilidad permite cuestionar sus exigencias y sus votos, pero no equipararlos sin más con quienes administran la infraestructura. La misma distinción debe proteger al funcionario que cumple su cometido frente a quien toma una decisión política.

Para el viajero, la exigencia central es que la seguridad y el mantenimiento reciban una atención verificable. El dinero público destinado al ferrocarril reclama explicaciones sobre su uso, no una competición por ampliar la lista de culpables.

Ni limitar el examen a Puente ni extenderlo indiscriminadamente resuelve esa exigencia. La responsabilidad alcanza más arriba cuando las decisiones lo acreditan, no cuando la acusación incorpora más nombres.

Fuente: Libertad Digital · leer el original