Defender a los palestinos no exige absolver a sus gobernantes
La solidaridad pierde su sentido cuando disculpa la represión, pero también cuando condiciona los derechos de una población a sus ideas o a la conducta de quienes la gobiernan.
La defensa de los derechos de los palestinos debe ser compatible con la crítica a cualquier poder que los vulnere. Esa es la exigencia de una posición liberal: proteger a las personas, no conceder inmunidad moral a sus dirigentes ni convertir una identidad nacional en un certificado de inocencia o culpabilidad.
En su columna, Leandro Fleischer cuestiona la coherencia de quienes apoyan la causa palestina desde el feminismo, la defensa de los homosexuales o la libertad de expresión. Les reprocha ignorar la discriminación y la persecución que atribuye a la sociedad palestina. El problema que plantea merece discusión: ninguna solidaridad debería exigir silencio ante los abusos cometidos dentro del colectivo al que se apoya.
Pero ese examen de coherencia necesita una distinción que su argumentación desdibuja. Una población no es una organización política, una autoridad ni una doctrina religiosa. Atribuirle en bloque las acciones y convicciones más represivas elimina precisamente al individuo cuyos derechos se pretende defender. También deja sin espacio a quienes discrepan dentro de esa sociedad.
Hay otra diferencia esencial: los derechos no son una recompensa por compartir nuestros valores. Una mujer, un homosexual o un disidente merecen protección aunque su entorno rechace las libertades que reclamamos para ellos. Y esa protección no deja de corresponder a quienes sostienen opiniones que nos resultan intolerantes. Lo contrario convertiría la libertad en un privilegio ideológico.
La crítica a los activistas resulta pertinente cuando identifica qué abuso justifican, qué autoridad excusan o qué libertad sacrifican. Pierde fuerza cuando sustituye esas responsabilidades concretas por una supuesta intención común. Apoyar los derechos de los palestinos no demuestra, por sí mismo, adhesión a sus gobernantes ni hostilidad hacia los judíos.
La coherencia consiste, por tanto, en rechazar dos formas de indulgencia: la que disculpa la represión por afinidad con una causa y la que acepta la culpa colectiva por rechazo a esa misma causa. Una solidaridad defendible no necesita idealizar a los palestinos. Necesita reconocerlos como individuos y someter a quienes ejercen poder sobre ellos al mismo escrutinio que exige para cualquier otro gobernante.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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