La OCDE alerta del coste para el consumidor de las políticas de apoyo al campo

Las políticas de apoyo a los productores agrícolas trasladan a los consumidores un coste equivalente al 5,3% de su gasto en productos agrarios, según el último informe anual de la OCDE sobre políticas agrarias. El organismo cifra ese sobrecoste en unos 204.000 millones de dólares anuales durante el periodo 2023-2025.

Ese porcentaje no significa que toda la cesta de la compra sea un 5,3% más cara. La estimación se refiere al coste que generan medidas como los aranceles o las restricciones a las importaciones, que pueden situar los precios nacionales de los productos agrarios por encima de los internacionales.

Para el ciudadano, el apoyo al campo tiene así dos vías de coste: los recursos públicos que financian las subvenciones y el sobreprecio que determinadas barreras comerciales trasladan al consumo. La OCDE advierte de que proteger al productor frente a la competencia exterior puede encarecer los alimentos para quien los compra.

Las ayudas públicas a la agricultura superaron los 845.000 millones de euros en 2025 en los 56 países estudiados. Son unos 107.000 millones más que en 2023, un aumento del 15%. Según el organismo, casi la mitad del apoyo se canaliza mediante políticas que alteran los precios, entre ellas aranceles, cupos de importación y subvenciones a fertilizantes o combustible.

La OCDE reconoce que estas medidas pueden aliviar a determinados productores a corto plazo. Pero también advierte de que pueden reducir los incentivos para adaptarse a la demanda y a las condiciones del mercado, mantener estructuras menos eficientes y aumentar la vulnerabilidad del sector ante nuevas crisis.

El informe cuestiona asimismo que las políticas agrarias se concentren en responder a los daños una vez producidos. Como ejemplo, señala que España recurrió en 2025 a 34 millones de euros de la reserva de crisis agrícola europea y a otros 120 millones del presupuesto nacional para afrontar los efectos de la sequía, el aumento de costes relacionado con la guerra de Ucrania y los daños de la DANA de octubre de 2024.

El organismo considera que las ayudas excepcionales pueden ser necesarias, pero advierte de que no deberían constituir el eje de la política agraria. Frente a ellas, los servicios generales para el sector recibieron 105.000 millones de euros anuales en 2023-2025. Esa partida incluye infraestructuras, regadíos, investigación, innovación y formación.

El peso de esas inversiones pasó del 4,6% del valor de la producción agraria en 2000-2002 al 2,4% en 2023-2025.

Fuente: Libertad Digital · leer el original