La inteligencia artificial necesita competencia, no un nuevo tutor
El riesgo de concentración económica merece un debate político serio. Pero anticipar una transformación del trabajo no autoriza a entregar al Estado el control de la innovación ni a dar por liquidado el mercado.
La respuesta liberal a la inteligencia artificial debe empezar por impedir que su desarrollo se convierta en un poder cerrado, no por buscar quién dirigirá nuestras vidas cuando las máquinas produzcan más. Competencia y libertad de elección. También frente al gigante tecnológico. También frente al Gobierno que se ofrezca a protegernos de él.
José García Domínguez reprocha a los partidos que mantengan esta tecnología fuera del debate electoral y plantea un escenario de sustitución masiva del trabajo intelectual, concentración empresarial y dificultades para financiar las pensiones. Su advertencia reúne dos cuestiones que conviene separar: el riesgo de acumular poder económico y la predicción de que el trabajo humano acabará siendo marginal. La primera merece vigilancia; la segunda no debe convertirse en una certeza por la contundencia con que se anuncia.
El futuro no está adjudicado. Si se da por inevitable que unas pocas corporaciones controlarán la producción, la discusión empieza cuando supuestamente ya no queda nada por disputar. Solo restaría repartir lo producido. Es una rendición prematura: antes de decidir cómo administrar una dependencia, importa discutir cómo evitarla.
La concentración merece escrutinio, no fatalismo. Una política liberal debería preguntarse si sus propias reglas facilitan la entrada de competidores o reservan el terreno a quienes pueden afrontar cualquier exigencia. Regular no equivale a abrir mercados. Una barrera puede llevar sello oficial y seguir siendo una barrera.
Tampoco basta con invocar la innovación para desentenderse de quien vea perder valor a sus conocimientos. La libertad económica incluye poder cambiar de actividad, aprender y emprender sin que la protección de posiciones existentes cierre esas salidas. Proteger a las personas no exige congelar sus empleos. Ni convertirlas de antemano en dependientes permanentes.
Las pensiones y la distribución de la riqueza merecen discusión, pero sobre escenarios explícitos, no sobre una desaparición del trabajo presentada como destino. La incertidumbre exige prudencia institucional. No un cheque en blanco.
El debate político útil no consiste en escoger entre obedecer a una corporación o encomendarse a un ministerio. Consiste en conservar alternativas frente a ambos. Que la máquina amplíe nuestras capacidades. No nuestros tutores.
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