La DSA exige a las grandes redes evaluar los riesgos electorales y justificar la retirada de contenidos

Las grandes plataformas digitales deben evaluar los riesgos que sus servicios pueden generar para los procesos electorales y adoptar medidas para reducirlos. El Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA) exige examinar el funcionamiento de sus algoritmos, la difusión de información engañosa y las amenazas a la libertad de expresión y la privacidad, obligaciones aplicables ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

El artículo 34 de la norma incluye entre los riesgos que deben analizarse los efectos negativos, reales o previsibles, sobre el debate cívico, las elecciones y la seguridad pública. Las compañías deben adaptar sus sistemas de moderación, publicidad y recomendación para afrontar esos riesgos, incluidas las cuentas falsas y la amplificación de desinformación.

La campaña oficial comenzará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y terminará a la medianoche del viernes 27. El sábado 28 será la jornada de reflexión, antes de la votación del domingo 29.

Las obligaciones reforzadas de la DSA afectan a las plataformas y los motores de búsqueda de muy gran tamaño, con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea. Su supervisión directa corresponde a la Comisión Europea, dentro de un sistema de ejecución compartido con los Estados miembros.

Estas empresas deben publicar informes sobre moderación al menos cada seis meses. En ellos han de detallar sus procedimientos, el volumen de publicaciones retiradas, los avisos recibidos y la tasa de error de las herramientas automatizadas. También están sujetas a auditorías independientes anuales.

La transparencia alcanza a la publicidad: las plataformas deben mantener archivos públicos que permitan conocer quién ha pagado los anuncios y qué criterios de segmentación se han utilizado. Además, deben ofrecer sistemas de recomendación que no se basen en la elaboración de perfiles de los usuarios.

Para el ciudadano, la regulación establece garantías frente a las decisiones de las propias redes. Si una plataforma retira una publicación o restringe una cuenta, debe explicar los motivos de forma clara y justificada. El afectado tiene derecho a una reclamación interna gratuita y a acudir a mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios a un coste asequible.

La norma también prohíbe utilizar datos sensibles, como la orientación sexual, la religión o la adscripción política, para personalizar anuncios. En el caso de los menores, queda prohibida la publicidad basada en perfiles. Tampoco se permiten interfaces engañosas que manipulen las decisiones del usuario, como ocultar botones para cancelar servicios.

En España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha designado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales. Entre sus funciones figura otorgar la condición de comunicante fiable a entidades independientes certificadas, cuyos avisos sobre contenidos ilícitos deben ser tramitados con prioridad por las plataformas.

La DSA no permite imponer a las redes una obligación general de supervisión o monitorización previa de los contenidos. Las intervenciones de la Comisión deben ser proporcionales y justificadas, y pueden recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión Europea dispone de competencias de investigación para exigir el cumplimiento del reglamento. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta el 6% del volumen de negocios anual global de la compañía.

Fuente: Libertad Digital · leer el original