La causa política no justifica la amnistía que exige ATA

La amnistía incondicional que reclama ATA debe rechazarse por una razón liberal elemental: ninguna causa política convierte a sus militantes en acreedores de impunidad. La responsabilidad es individual. También debe serlo el examen de la situación penitenciaria. Sustituir ambos principios por la pertenencia a un movimiento no amplía derechos; establece una excepción para quienes invocan una determinada bandera.

ATA, surgida en 2014, nació contra el cambio de estrategia de la izquierda abertzale oficial respecto a los presos de ETA, cuando Sortu asumió la vía penitenciaria individualizada. La organización integra a militantes históricos y antiguos presos de ETA, exige una amnistía incondicional y la presenta como una deuda política e histórica de España y Francia con su movimiento. También rechaza que los presos pidan perdón, reconozcan el daño causado o recurran a beneficios individuales a cambio de progresiones de grado.

Ahí está el núcleo del problema. No se reclama que cada persona pueda acogerse a las vías previstas para examinar su caso. Se impugna precisamente esa salida individual porque rompe el relato colectivo. El preso deja de ser alguien que decide sobre su propia trayectoria y pasa a representar una causa que pretende decidir por él. Es una tutela, no una emancipación.

Defender la igualdad jurídica tampoco exige convertir la prisión en una venganza. Los derechos de los presos no dependen de que sus ideas resulten aceptables. Pero ese principio funciona en ambas direcciones: ni menos garantías por su ideología ni ventajas por atribuir significado político a sus delitos. La ley no necesita simpatizantes.

Una organización puede defender la independencia o el socialismo sin que esas aspiraciones deban proporcionar un trato penitenciario privilegiado. La libertad protege las ideas; no convierte sus consecuencias penales en una factura que el resto de los ciudadanos deba saldar. Confundir ambos planos es el verdadero salto que propone esta reivindicación.

La bandera no cancela la responsabilidad. Tampoco debe sustituir la voluntad del preso.

Fuente: Libertad Digital · leer el original