La alternativa liberal debe limitar también al Gobierno de derechas

Una alternativa liberal debe empezar por limitar el poder que aspira a conquistar. No basta con prometer menos impuestos, menos trámites y mejores gestores. La prueba decisiva consiste en aceptar una justicia independiente y unos reguladores que puedan decirle al próximo Gobierno que no. También si es de derechas. Sobre todo entonces.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, propone una alternativa al intervencionismo basada en la independencia judicial y regulatoria, la seguridad jurídica, la competencia, la moderación fiscal y una protección social orientada a la autonomía. Su planteamiento reclama a la derecha un proyecto liberal propio, en vez de acomodarse a las políticas que critica. Ese programa reúne dos compromisos distintos: reducir la intervención económica y someter el poder político a contrapesos efectivos.

Conviene no confundirlos. Un Ejecutivo puede bajar impuestos y, al mismo tiempo, querer instituciones obedientes. Puede simplificar permisos sin tolerar una resolución adversa. La libertad económica no compensa la arbitrariedad institucional. El empresario no necesita únicamente pagar menos: necesita que sus derechos no dependan de agradar al gobernante. Y esa garantía corresponde también a quien no tiene empresa, patrimonio ni acceso a un despacho.

Despolitizar tampoco puede significar sustituir afinidades. Cambiar unos allegados por otros conserva intacta la lógica que se pretendía combatir. La independencia empieza donde acaba la comodidad del Gobierno. Por eso el criterio para juzgar una reforma no debería ser cuántos nombramientos permite renovar, sino cuánto dificulta que cualquier mayoría convierta al supervisor en subordinado.

Lo mismo ocurre con la competencia. Abrir mercados exige aceptar que pierdan ventajas quienes ya están dentro, incluidos los empresarios próximos a la derecha. Defender la propiedad no equivale a proteger posiciones privilegiadas. Sin esa distinción, el liberalismo queda reducido a una petición selectiva: libertad para entrar donde conviene y barreras para conservar lo conseguido.

La credibilidad de esa alternativa no depende de demostrar que España pertenece sociológicamente a un bloque u otro. Depende de ofrecer reglas que protejan también al adversario y sobrevivan a la alternancia. El ciudadano no tiene que entregar obediencia a cambio de una rebaja fiscal. Un Gobierno liberal no pide confianza ilimitada. Acepta límites incluso cuando estorban.

Fuente: elmundo.es · leer el original