Adif necesita una carrera técnica que sobreviva al ministro

Adif necesita una carrera técnica que sobreviva al ministro, no una plantilla directiva pendiente del siguiente relevo político. La distinción importa. Sustituir a todos los responsables heredados puede destruir conocimiento; conservarlos mediante sucesivas recolocaciones puede vaciar de significado cualquier cese. Ni la permanencia acredita competencia ni la renovación garantiza independencia.

Carlos Cuerpo ha sustituido a Luis Marco de la Peña por Joaquim Hortalà en la presidencia de Adif. El relevo llega a una organización que conserva a responsables de distintas etapas y acumula cambios de destino internos. Raúl Míguez, que fue director de gabinete de Isabel Pardo de Vera, pasó a dirigir Conservación y Mantenimiento y, después de su cese, fue reubicado como director adjunto de Coordinación de Proyectos y Actuaciones Transversales. Ángel Contreras también pasó de la presidencia a una dirección adjunta de Construcción. Esther Mateo, nombrada directora de Seguridad por Pardo de Vera, ocupa actualmente la dirección de Ciberseguridad.

Esos itinerarios plantean una pregunta institucional, no una sentencia sobre cada profesional: ¿qué diferencia una reasignación útil de un refugio administrativo? El cargo cambia; la responsabilidad debe seguir siendo identificable. Si un cese responde a una deficiencia de gestión, trasladar al responsable no la corrige por sí solo. Si obedece únicamente a la preferencia del nuevo ministro, tampoco demuestra que el cesado trabajara mal.

La confianza política no sustituye la competencia. Pero un título de ingeniero tampoco concede infalibilidad. Una empresa ferroviaria necesita conocimientos técnicos, jurídicos y económicos; lo decisivo es que cada función tenga requisitos adecuados, atribuciones delimitadas y una evaluación que no dependa de la afinidad con quien nombra.

Conviene separar también continuidad y culpabilidad. Un organigrama no prueba una culpa. Haber ocupado un puesto durante un accidente no demuestra haberlo causado, del mismo modo que cambiar de despacho no elimina una eventual responsabilidad. Confundir ambas cosas favorece tanto las purgas como la impunidad.

El criterio liberal no consiste en reclamar otros nombres para las mismas sillas. Consiste en limitar la discrecionalidad del poder sobre una infraestructura pública y hacer verificable la gestión. El contribuyente no financia una red de protección profesional para cada equipo ministerial.

La renovación será real cuando puedan cambiar los ministros sin desordenar la carrera técnica, y cuando un fallo acreditado tenga consecuencias aunque no cambie el Gobierno. Menos confianza personal. Más responsabilidad identificable.

Fuente: Libertad Digital · leer el original