La autoría de los disturbios no se decide por su rentabilidad política

El Gobierno debe distinguir entre condenar unos disturbios y explicar quién los ha promovido. Lo primero exige claridad política; lo segundo, pruebas. Confundir ambas tareas permite convertir una obligación institucional —proteger a los ciudadanos y sus bienes— en una disputa sobre qué adversario obtiene ventaja del desorden.

Pedro Sánchez calificó los altercados de Barcelona de vandalismo instigado desde las redes y rechazó que fueran un acto democrático. En esa respuesta hay dos afirmaciones diferentes. Incendiar contenedores o saquear comercios no constituye una forma legítima de participación democrática. Pero atribuir una instigación añade una explicación sobre el origen de los hechos que debe acreditarse por separado.

Las redes pueden ser el escenario de una convocatoria, de su difusión o de mensajes que alienten la violencia. Esas conductas no son equivalentes. Identificar el canal tampoco identifica automáticamente a un organizador. La precisión importa porque de ella depende que se señalen responsabilidades concretas, en lugar de extender una sospecha sobre colectivos o adversarios.

Tampoco basta preguntarse a quién favorecen electoralmente los incidentes. Un partido puede aprovechar un episodio que no ha provocado, del mismo modo que un Gobierno puede resultar perjudicado sin que exista una operación dirigida contra él. El beneficio político no demuestra la autoría: confundirlos sustituye la investigación por una interpretación interesada.

La antigua afirmación de Pablo Iglesias, que contraponía los contenedores quemados con las personas que buscaban comida en ellos, plantea otro problema: convertir una preocupación social en una respuesta que desplaza la responsabilidad por los daños. Atender la pobreza y perseguir un incendio no son objetivos incompatibles. Ninguno debería servir para eludir el otro.

La propiedad de un comerciante y la seguridad de un vecino merecen protección con independencia de quién gobierne. Ese criterio obliga también a exigir rigor a quien acusa. Una política liberal de seguridad debe sostener ambas garantías: ninguna causa concede permiso para destruir y ninguna conveniencia electoral autoriza a adjudicar culpabilidades.

Fuente: Libertad Digital · leer el original