La autonomía sindical empieza por no tratar las subvenciones como cuotas

La autonomía sindical exige que los contribuyentes no sean convertidos en afiliados forzosos. Un sindicato debe poder organizarse, protestar y defender sus prioridades sin tutela gubernamental. Pero esa libertad no incluye disponer de una subvención como si fuera una cuota. El dinero tiene condiciones. La representación no las borra.

Dos sentencias exigen a UGT devolver más de 27 millones de euros a las arcas públicas andaluzas por el uso de subvenciones recibidas por UGT-Andalucía para pagar salarios que debían sufragarse con fondos propios del sindicato. El asunto plantea una distinción elemental: recibir recursos para una finalidad determinada no autoriza a destinarlos al sostenimiento general de la organización.

La cuestión no es si un sindicato necesita empleados ni si estos deben cobrar. Por supuesto que sí. La cuestión es quién asume esa factura. Si corresponde a sus fondos propios, trasladarla a una ayuda pública desplaza el coste hacia ciudadanos que no han elegido financiar esa estructura. No es una diferencia contable menor. Es la frontera entre asociación voluntaria y financiación impuesta.

Las cuotas tienen una virtud incómoda: obligan a convencer. Quien sostiene una organización con su dinero puede exigirle prioridades, resultados y cuentas. Una subvención responde a otra lógica: tiene una finalidad y unas condiciones que no puede sustituir la dirección beneficiaria por su propio criterio. Confundir ambas cajas debilita precisamente la autonomía que el sindicalismo necesita reivindicar.

Tampoco hace falta convertir estas sentencias en una prueba de obediencia partidista. La obligación de devolver fondos no demuestra por sí sola por qué una dirección sindical apoya a un Gobierno o convoca una protesta. Mezclar ambas cuestiones permite discutir intenciones y dejar en segundo plano algo mucho más concreto: el destino del dinero.

La exigencia liberal debe ser idéntica para sindicatos, patronales y cualquier entidad subvencionada. Ninguna misión representativa concede una excepción presupuestaria. Defender intereses legítimos no vuelve legítimo cualquier modo de financiarlos.

El sindicato decide sus prioridades. El contribuyente no tiene por qué pagarlas todas.

Fuente: Libertad Digital · leer el original