Los libreros piden incentivos fiscales para que los propietarios mantengan las librerías en sus locales

La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) reclama a las administraciones incentivos fiscales para los propietarios que mantengan librerías independientes en sus locales, además de ayudas para los libreros. La propuesta pasa por reconocer estos comercios como espacios culturales singulares y favorecer su continuidad frente a la presión de los alquileres.

La organización, que agrupa a 1.700 librerías, acompaña esta petición con un adelanto de resultados de su Observatorio de la Librería. El 64,3% de los establecimientos desarrolla su actividad en un local alquilado. Entre ellos, el 71,1% tiene un contrato que vence en menos de cinco años y el 24,1% deberá renovarlo durante el próximo año. Seis de cada diez librerías en alquiler consideran que ese gasto perjudica mucho o bastante su competitividad.

CEGAL toma como referencia el sello francés de Librería Independiente de Referencia, creado en 2009. Este reconocimiento distingue a establecimientos con una oferta editorial diversa y actividades culturales durante todo el año, y permite acceder a determinadas ventajas fiscales y ayudas públicas. La adaptación que plantea la confederación española incorpora también incentivos para los dueños de los locales.

La incertidumbre contractual condiciona la actividad de La Buena Vida, en el centro de Madrid. Su encargado, Jesús Trueba, explica que el negocio ha cambiado de local dos veces desde su apertura, a finales de 2007, y afronta renovaciones cada vez más cortas. Aunque organiza su programación cultural casi con un año de antelación, no tiene asegurada la permanencia en el establecimiento durante todo ese horizonte.

Trueba señala que los traslados obligan a reconstruir la relación con los lectores, un trabajo que puede llevar años. También advierte del escaso margen para absorber aumentos de costes en un negocio cuyos principales gastos se concentran en el alquiler y los salarios.

La librería Ambra, en Gandía, ofrece un caso de mayor estabilidad. Su responsable, María Bravo Cortés, renovó en 2019 el contrato por diez años, con posibilidad de prorrogarlo otros cinco si ambas partes están de acuerdo. Paga unos 1.750 euros mensuales por un local de alrededor de 180 metros cuadrados. Bravo destaca la buena relación con los propietarios, que durante la pandemia le ofrecieron no cobrar los meses en los que no pudiera abrir.

Bravo advierte, no obstante, de que el precio fijo del libro limita la capacidad de trasladar las subidas de costes al consumidor. A su juicio, al encarecimiento de los alquileres se añaden la competencia de cadenas y plataformas digitales y las dificultades para encontrar relevo cuando los libreros se jubilan.

CEGAL está revisando contratos de alquiler con asesoramiento jurídico para anticiparse a los vencimientos de los próximos cinco años. Su Oficina Técnica de Transmisión de Librerías también ha contribuido al traspaso de 17 establecimientos en dos años y mantiene 30 procesos en marcha, según el portavoz de la organización, Álvaro Manso.

Fuente: elpais.com · leer el original