Sánchez sube la factura

Sánchez encarece el trabajo mientras disimula el desequilibrio de las pensiones. Fedea cifra en casi 64.000 millones de euros el déficit contributivo de 2025, incluidas las Clases Pasivas de los funcionarios. Las transferencias estatales reducen el déficit presupuestario visible, no los recursos públicos necesarios para cubrirlo. El Gobierno presenta buena parte de esas partidas como gastos impropios; los investigadores cuestionan esa clasificación. Cambiar la etiqueta no cierra el agujero.

El dinero sale del presupuesto común, donde las pensiones compiten con las demás prioridades del Estado. La solidaridad no convierte esos recursos en inagotables. Cada transferencia que sostiene las prestaciones reduce el margen para otros usos. Ese sacrificio también pertenece a la política de pensiones de Sánchez, aunque quede fuera de la presentación del déficit de la Seguridad Social.

La reforma de 2021-2023 tampoco sale airosa de sus propias previsiones. El Ministerio calculaba un deterioro del saldo básico inferior a un punto del PIB incluso en el momento de mayor presión hasta 2050. Los modelos de Fedea lo sitúan por encima de tres puntos hacia el final del período. Discrepan sobre el tamaño del daño, no sobre su dirección: el saldo empeora incluso en los cálculos oficiales.

El informe localiza buena parte de esa distancia en los incentivos para retrasar la jubilación y en la nueva cotización de los autónomos. Según sus autores, parte de los ingresos adicionales quedará compensada por pensiones futuras más altas. La recaudación llega antes que parte de sus obligaciones. Si el Gobierno cuenta el ingreso como ganancia sin descontar ese compromiso posterior, sobrestima el alivio. Separar ambos efectos por años no permite separarlos en el balance: hoy entra dinero que también compromete recursos de mañana.

El llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en cambio, ofrece una certeza: su recargo aumenta progresivamente de 0,6 a 1,2 puntos porcentuales, nivel que alcanzará en 2029. La carga se dobla mientras el alivio atribuido a otras medidas depende de previsiones discutidas. Fedea advierte de que seguir elevando cotizaciones puede perjudicar al empleo y a la equidad entre generaciones, especialmente cuando las aportaciones adicionales no generan nuevos derechos. Bautizar el recargo con la palabra equidad no resuelve quién paga más ni qué recibe a cambio.

Frente a esa escalada, Fedea plantea estudiar cuentas nocionales que vinculen las prestaciones con las cotizaciones realizadas y el crecimiento económico, con una transición de décadas y manteniendo las pensiones reconocidas. El interés de esa propuesta está en hacer visible la relación entre lo prometido y los recursos para cumplirlo. Proteger al jubilado no consiste en dejar al contribuyente como garantía ilimitada de los cálculos del Gobierno.

El recargo es seguro; el ahorro está en disputa.