Koldo García pide el archivo de la causa de las mascarillas al alegar que el Supremo ya juzgó los mismos hechos

Koldo García ha presentado ante el juez Ismael Moreno una petición de sobreseimiento libre de las actuaciones que le afectan en el caso Koldo. Su abogada, Leticia de la Hoz, argumenta que los hechos nucleares de la acusación ya fueron juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 20775/2020.

La solicitud comprende los contratos de Puertos del Estado y ADIF, las entregas mensuales de 10.000 euros, los contratos de los servicios de salud de Canarias y Baleares, el delito de organización criminal, la supuesta ocultación de fondos y la contratación de Jessica Rodríguez García. La defensa sostiene que, una vez excluidos esos hechos, no queda ninguna conducta atribuible a su cliente que permita mantener la acusación.

El argumento sitúa en el centro del procedimiento la garantía de no ser juzgado de nuevo por los mismos hechos. La coincidencia entre ambas causas es la tesis que plantea la defensa para obtener el archivo, no una resolución adoptada por la Audiencia Nacional.

Respecto a las adjudicaciones de marzo de 2020, el escrito señala que la Fiscalía acusa a García de intermediar ante Puertos del Estado y ADIF para que los contratos de mascarillas recayeran en Soluciones de Gestión. De la Hoz sostiene que el Supremo ya examinó esos contratos, con los mismos acusados y contraprestaciones, y condenó a su representado por cohecho y tráfico de influencias, mientras lo absolvió del uso de información privilegiada.

La defensa también rechaza que vuelva a enjuiciarse el cobro de 10.000 euros mensuales en efectivo que la Fiscalía atribuye a García desde 2019, con Víctor de Aldama como pagador. Según el escrito, el Supremo declaró probadas esas entregas, las castigó como cohecho continuado y acordó el decomiso de su importe.

Sobre Canarias y Baleares, la abogada afirma que las gestiones descritas por el fiscal estaban vinculadas a esos pagos y a la pertenencia a la organización criminal, cuestiones que considera ya juzgadas.

El Supremo condenó el pasado junio a García y a José Luis Ábalos a 19 años de prisión, y a Aldama a cuatro años. El empresario evitó entrar en prisión por su colaboración con la justicia. La sentencia concluyó que los tres formaban parte de una organización criminal que repartía tareas para cometer delitos de corrupción.

Fuente: Libertad Digital · leer el original