Iustitia Europa pide ampliar las cautelares electorales a los hijos nacionalizados por la Ley de Nietos

Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que extienda las medidas cautelares electorales a quienes adquirieron la nacionalidad como hijos mayores de edad de españoles nacionalizados por las leyes de memoria. El escrito pide una suspensión cautelarísima y temporal para los electores incorporados por esta vía al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) aplicable a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

La solicitud se refiere al apartado 1.b) de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, desarrollado en el Anexo III de la instrucción de 25 de octubre de 2022. Según explica la formación, ese apartado reconoce el derecho de opción a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron previamente la nacionalidad española de origen conforme a esa ley o a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Para los ciudadanos comprendidos en la petición, la medida solicitada afectaría al ejercicio del voto en esos comicios. El alcance reclamado abarca a los electores del Anexo III incorporados al CERA, mientras que las cautelares ya acordadas se refieren a un colectivo de 163.020 personas del Anexo I.

Iustitia Europa sostiene que la documentación aportada por la Administración durante el procedimiento permite conocer la dimensión de esta otra vía de nacionalización. La formación señala que a 31 de julio de 2026 constaban 189.678 personas inscritas por el Anexo III. A 31 de agosto, el Gobierno cifró en 195.872 las nacionalidades concedidas por ese anexo y en 134.405 las solicitudes aprobadas pendientes de inscripción.

El partido reclama determinar cuáles de esas personas figuran efectivamente en el censo aplicable al 29 de noviembre y qué progenitor sustenta cada adquisición de nacionalidad. Considera especialmente relevante identificar los casos en los que ese progenitor pertenece al colectivo de 163.020 electores cuya situación electoral ya está sometida a suspensión y comprobación por el Supremo.

El tribunal mantuvo las cautelares acordadas antes del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. La semana pasada dio un ultimátum a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que entregasen la lista de las personas afectadas.

Según los datos de ejecución que Iustitia Europa incorpora a su escrito, a 21 de octubre la Administración había comunicado el examen de 31.390 expedientes de ese colectivo y la expedición de 91 certificaciones. También había notificado incidencias técnicas en la información remitida a la Oficina del Censo Electoral.

Fuente: Libertad Digital · leer el original