Hacienda provisiona 13.618 millones para afrontar indemnizaciones por litigios

El Ministerio de Hacienda ha remitido al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Estado de 2025, que recoge 13.618 millones de euros en provisiones para atender indemnizaciones por litigios. La cifra refleja las responsabilidades para las que la Administración ha reservado recursos, no un desembolso ya realizado por ese importe.

La mayor partida corresponde a las devoluciones del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, con 6.500 millones. La regulación aprobada durante la etapa de Cristóbal Montoro permitía a las comunidades autónomas aplicar distintos impuestos al gasóleo y la gasolina.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2024 que ese sistema contravenía la directiva favorable a una imposición homogénea y exigió devolver las cantidades cobradas indebidamente. Los pagos se están efectuando de forma gradual, conforme el Supremo dicta las correspondientes sentencias. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Estado ha abonado 317 millones en lo que va de 2026.

Para los contribuyentes, estos litigios tienen una doble dimensión presupuestaria: las devoluciones restituyen importes cobrados indebidamente y su abono debe atenderse con recursos públicos. La provisión por hidrocarburos representa casi la mitad del total reservado por la Administración central.

Otros 2.943 millones corresponden a la responsabilidad patrimonial por arbitrajes internacionales relacionados con los recortes de las primas a las energías renovables durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Los procedimientos han desembocado en resoluciones favorables a los grupos energéticos y en embargos de bienes del Estado en distintos países.

Las cuentas incluyen además 1.540 millones por las responsabilidades que podrían derivarse de los recursos de comunidades autónomas contra las liquidaciones del sistema de financiación de 2021, 2022 y 2023. La Intervención General del Estado vincula esta provisión a las impugnaciones de las asignaciones efectuadas cuando María Jesús Montero dirigía Hacienda.

Otra partida, de 1.480 millones, cubre posibles indemnizaciones relacionadas con la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas de telefonía móvil. Vodafone y Orange han obtenido sentencias favorables después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerase ilegal la carga fiscal que soportaron.

Fuente: elmundo.es · leer el original