Fiscalizar al CIS no exige insinuar un fraude electoral

La crítica liberal al CIS debe exigir límites al poder, no convertir la sospecha sobre una encuesta en sospecha sobre unas elecciones. Son discusiones distintas. Mezclarlas debilita la primera y envenena la segunda. El contribuyente merece cuentas; el elector, razones para distinguir entre una predicción discutible y una trampa.

Ignacio Camacho acusa a José Félix Tezanos de utilizar los sondeos del CIS para estimular al electorado gubernamental con dinero público. Su argumento distingue los errores de método de una demoscopia deliberadamente militante, pero introduce también la sospecha de que esa actividad pueda servir como coartada para hacer trampas. Ahí está el salto que conviene discutir: de la fabricación de expectativas a la integridad electoral.

Una encuesta no es un escrutinio. Puede orientar conversaciones, alimentar entusiasmo o proporcionar munición a una campaña. No por ello acredita cómo se contarán los votos. La intención de influir y la capacidad de alterar un resultado requieren argumentos diferentes. La indignación no cubre esa distancia.

Con el CIS existe, además, una cuestión liberal específica: quien paga no puede retirar su aportación porque desconfíe del producto. El contribuyente no elige la suscripción. Por eso resulta razonable exigir que los métodos, las ponderaciones y las decisiones técnicas puedan examinarse sin depender de la confianza en quien dirige el organismo. El control debe descansar en reglas, no en simpatías.

Tampoco basta con preferir las encuestas que anuncian la victoria deseada. Si el criterio para reconocer una investigación rigurosa es que favorezca al propio bloque, la crítica al partidismo acaba convertida en una petición de turno. Cambia el beneficiario, no el problema. La independencia no consiste en acertar nuestras preferencias.

El uso propagandístico de una institución pública, cuando se acredita, merece reproche por sí mismo. No necesita adornarse con una amenaza mayor. Exigir pruebas de cada acusación no protege al Gobierno: impide que el juicio sobre el poder dependa del mismo mecanismo emotivo que se denuncia.

Al CIS, métodos verificables. A las acusaciones, pruebas. La sospecha tampoco debe financiarse con credulidad.

Fuente: abc.es · leer el original