Exigir cuentas al Gobierno no convierte en culpables a sus votantes

La exigencia de responsabilidades al Gobierno debe ser rigurosa precisamente para no convertirse en una acusación indiscriminada contra sus votantes. Reclamar explicaciones a Pedro Sánchez y a Óscar Puente por su gestión es compatible con rechazar que quienes apoyan al PSOE sean considerados cómplices de delitos. Confundir ambas cosas no endurece el control del poder: lo desorienta.

En su columna, Agapito Maestre atribuye responsabilidades criminales a ambos dirigentes por las tragedias ferroviarias que menciona y extiende la acusación a los votantes socialistas. Su razonamiento convierte el silencio de estos últimos en una forma de complicidad. Ese salto es el problema central: una preferencia electoral pasa a tratarse como participación en los actos imputados a los gobernantes.

El voto no debería funcionar como una absolución anticipada de quien gobierna, pero tampoco como una confesión de quien lo deposita. Un ciudadano puede apoyar a un partido, equivocarse al valorar su gestión o resistirse a reconocer sus fallos. Ninguna de esas actitudes basta, por sí sola, para atribuirle responsabilidad criminal.

La crítica política tiene un campo propio que no necesita disfrazarse de sentencia. Cabe exigir explicaciones, transparencia y responsabilidades por decisiones de gestión sin presentar de antemano como resuelta una culpabilidad penal. Si se reclama la intervención de los tribunales, la exigencia coherente es que examinen conductas y pruebas, no que ratifiquen un veredicto previamente proclamado.

Tampoco escuchar a las víctimas obliga a adoptar como conclusión jurídica todas las acusaciones formuladas en su nombre. Su sufrimiento merece atención y sus demandas deben encontrar respuesta. Precisamente por eso, la búsqueda de responsabilidades no debería diluirse en una descalificación de millones de ciudadanos definidos únicamente por su opción política.

Una oposición exigente gana credibilidad cuando concreta qué decisión cuestiona, quién la tomó y qué explicación reclama. La pierde cuando sustituye ese trabajo por categorías colectivas de culpables. El poder debe rendir cuentas por sus actos; los electores deben conservar la libertad de juzgarlo sin que su papeleta se convierta en una imputación.

Fuente: Libertad Digital · leer el original