Dar la cara no basta para justificar la continuidad de Puente
La respuesta política al accidente ferroviario de Urda debe medirse por las explicaciones y las correcciones que ofrezca el ministro, no por la duración de sus comparecencias ni por su promesa de esfuerzo.
La continuidad de Óscar Puente debe justificarse con una rendición de cuentas verificable, no con su disposición a comparecer. Después de un accidente ferroviario con víctimas mortales, responder a los periodistas es una obligación del responsable político. Cumplirla merece reconocimiento, pero no resuelve por sí solo la cuestión de su responsabilidad.
El ministro dedicó dos horas a su segunda rueda de prensa, celebrada el viernes, y respondió a las preguntas. También prometió emplearse a fondo para solucionar los problemas y los fallos. Ambas cosas importan: el silencio impediría el escrutinio y la falta de compromiso agravaría la incertidumbre. Sin embargo, disponibilidad y esfuerzo describen una actitud, no acreditan una gestión suficiente.
La distinción resulta especialmente relevante ante su reflexión sobre el papel de las personas cuando fallan los sistemas. Puente sostuvo que el ser humano constituye el último recurso para controlar el entorno. Esa explicación no permite identificar por sí sola la causa del accidente ni trasladar automáticamente la culpa a un trabajador o al ministro. Sí obliga a preguntar cómo se organiza esa intervención y quién responde de que pueda realizarse en condiciones adecuadas.
Ahí debe situarse la exigencia política: qué problemas se conocían, qué decisiones se adoptaron y qué medidas pueden corregir las deficiencias que se determinen. Son preguntas que requieren respuestas concretas. La promesa de trabajar más no las sustituye, del mismo modo que una dimisión tampoco explicaría, por sí misma, lo ocurrido.
El regreso de los actos electorales no debería convertir este examen en una competición sobre quién expresa mejor el dolor. Los ciudadanos necesitan poder valorar la gestión del transporte ferroviario con información contrastable. Las familias de las víctimas no deben quedar relegadas por el debate sobre el desgaste personal del ministro.
Ni la comparecencia exonera ni la tragedia demuestra automáticamente una negligencia individual. La responsabilidad política exige examinar decisiones y capacidad de corrección. Ese es el criterio con el que debe juzgarse la continuidad de Puente: si puede explicar su gestión y sostener una respuesta creíble, no si está dispuesto a soportar la presión.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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