El Tribunal de Cuentas detecta falta de seguimiento documentado de las pulseras antimaltrato con Redondo

El Tribunal de Cuentas concluyó que el servicio de pulseras antimaltrato careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico durante los primeros siete u ocho meses del contrato, ya con Ana Redondo al frente del Ministerio de Igualdad. Los pliegos exigían celebrar al menos una reunión de seguimiento cada cuatro meses.

El informe, recabado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, señala que no consta documentación de reuniones entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y la adjudicataria en febrero y marzo de 2024, al comienzo de la ejecución. En abril figura una presentación técnica de la empresa, pero no aparece otra reunión documentada hasta el informe semestral de septiembre de ese año.

La DGVG sostuvo en sus alegaciones que el encuentro de abril de 2024 sí fue una reunión de seguimiento. El órgano fiscalizador rechazó esa interpretación: consideró que el documento acreditaba una presentación técnica de la adjudicataria, que el Tribunal ya había examinado.

Las deficiencias de control coincidieron con problemas de mantenimiento. Según el informe, en la reunión de octubre de 2024 se constató un riesgo real de falta de existencias de dispositivos. Quedó pendiente que la empresa explicara los tiempos de garantía, los tipos de averías y las bajas de aparatos que presentaban un deterioro significativo tras apenas cinco o seis meses de uso.

El Tribunal también advirtió de retrasos en las reparaciones y sustituciones, tratados de forma recurrente en las reuniones sin mejoras efectivas. La adjudicataria se había comprometido a reducir a 800 las unidades en revisión, un objetivo que, según el informe, no cumplió.

Estas incidencias afectan a un servicio destinado al seguimiento telemático de medidas de protección frente a la violencia de género y financiado con dinero público. El contrato global, adjudicado a finales de 2023 a la unión temporal de empresas de Vodafone y Securitas, ascendió a 42,6 millones de euros, impuestos incluidos. La compra de dispositivos contó con 4,6 millones de fondos europeos.

Respecto a la etapa anterior, Victoria Rosell defendió en sus alegaciones la existencia de memorias de 2021 y 2022 y de siete notas y actas que acreditaban el seguimiento del servicio. Irene Montero también sostuvo que el ministerio y la DGVG habían cumplido sus obligaciones de control durante su mandato.

La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude y busca aclarar el cumplimiento de los pliegos vinculados a los fondos comunitarios. Para esa investigación, la UCO ha recabado del Tribunal de Cuentas tanto los informes de fiscalización de la contratación como los relativos a la gestión y el control del servicio.

Fuente: abc.es · leer el original