La investigación europea sobre las pulseras antimaltrato alcanza al contrato de la etapa de Montero

La investigación de la Fiscalía Europea sobre un presunto fraude en la adquisición de pulseras antimaltrato afecta al contrato licitado en julio de 2023, cuando Irene Montero dirigía el Ministerio de Igualdad, según fuentes jurídicas. La adjudicación a la UTE Vodafone-Securitas supuso un cambio de proveedor y el paso del alquiler de los dispositivos a su compra.

El contrato ascendía a unos 50 millones de euros, parte de ellos procedentes de fondos europeos. Las mismas fuentes señalan que lo firmó la entonces secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. Esa firma no equivale a una imputación: las fuentes plantean posibles actuaciones futuras, no una resolución judicial contra las antiguas responsables.

La Fiscalía Europea ha confirmado que investiga desde 2025 un presunto fraude que afecta a fondos europeos destinados a estos dispositivos. El jueves, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudieron al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para requerir documentación sobre los contratos.

La contratación afecta tanto al uso del dinero público como al control de las medidas cautelares y las condenas por violencia de género. Las pulseras permiten vigilar el cumplimiento de órdenes de alejamiento y sus registros pueden servir como prueba en los procedimientos por quebrantamiento.

Según las fuentes jurídicas, un fallo en la migración de datos dejó al centro de control sin acceso a los historiales anteriores al 20 de marzo de 2024. La memoria de la Fiscalía recogió problemas en ese traspaso que impidieron aportar pruebas GPS fiables en procedimientos y derivaron en sobreseimientos provisionales y absoluciones.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que facilitará toda la información requerida y defendió que los fondos se invirtieron correctamente. También sostuvo que el contrato actual mejora los aspectos que presentaban disfunciones en el anterior. El Ministerio ha defendido que los fallos de migración no comprometieron la seguridad de las víctimas.

El Tribunal de Cuentas anunció la fiscalización de la contratación y gestión de las pulseras antimaltrato para 2026.

Fuente: Libertad Digital · leer el original