El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático de la Comunidad de Madrid

El Tribunal de Cuentas ha decidido que se investigue la compra del ático de Chamberí adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Tras examinar las siete denuncias presentadas, la consejera Rosario María Álvarez aprecia indicios de una salida de fondos públicos que podría carecer de justificación legal.

La resolución, adoptada el jueves y notificada este viernes a las partes, cuenta con el respaldo de la Fiscalía. El Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas deberá nombrar ahora a un instructor, que podrá solicitar documentación, tomar declaraciones y encargar informes técnicos sobre el valor real del inmueble. El auto abre esa investigación, sin resolver todavía si hubo un uso indebido del dinero público.

La consejera identifica cuatro dudas sobre la operación. La primera afecta a las facultades de Planifica Madrid, que solo puede adquirir inmuebles para uso administrativo. La segunda se refiere a la ubicación del ático en un edificio residencial, que considera inadecuada para ese destino.

El tercer punto es la justificación ofrecida por la Consejería de Presidencia en un informe de julio: según el auto, en ella predominaban las razones vinculadas al uso residencial. La cuarta cuestión es si la Administración autonómica pagó un sobreprecio.

Para examinar esa posibilidad, la resolución señala que el inmueble continúa en venta por 6,7 millones de euros, una cantidad equivalente al precio abonado a la vendedora más los impuestos. La consejera considera que la falta de comprador puede ser un indicio de que el mercado no ha aceptado el precio fijado.

La operación compromete, por tanto, los 6,3 millones de fondos públicos destinados a la adquisición, además de los impuestos. La investigación deberá examinar tanto la justificación de ese gasto como el valor del bien incorporado al patrimonio público; aún no se ha determinado una pérdida patrimonial.

La Comunidad de Madrid había solicitado el archivo precisamente porque sostiene que esa pérdida no se ha producido. En sus alegaciones, recogidas en el auto, defendió que una eventual venta por debajo del coste de adquisición es una posibilidad hipotética y futura, no un perjuicio ya materializado.

La compra también se investiga en un juzgado de instrucción de plaza de Castilla. Uno de los denunciantes personados ante el Tribunal de Cuentas, el abogado Javier Flores, ha anunciado que solicitará durante la instrucción la suspensión del proceso de venta para preservar la prueba.

La Comunidad de Madrid puede presentar un recurso de reposición ante la propia consejera de Cuentas en los cinco días siguientes a la notificación. Ese recurso no suspendería los efectos de la resolución.

Fuente: elpais.com · leer el original