UGT, generosa a costa ajena

UGT Andalucía ha cargado al contribuyente una generosidad salarial que tenía que pagar con sus propios recursos. La devolución confirmada por el Supremo marca un límite elemental: decidir libremente las condiciones de la plantilla supone asumir su coste. La libertad de pactar incluye pagar lo pactado. Mejorar un sueldo no legitima cualquier financiación.

El Tribunal Supremo ha ratificado en dos resoluciones el reintegro de más de 27 millones de euros en ayudas recibidas por UGT Andalucía para formación. Los gastos rechazados financiaban incrementos o mejoras retributivas por encima de los mínimos legales o del convenio colectivo aplicable. El sindicato podía acordarlos, pero no imputarlos a esas subvenciones. Las decisiones tienen firmeza ejecutiva en la vía contencioso-administrativa; un eventual recurso de amparo no suspendería automáticamente la devolución.

La sentencia no impone salarios bajos. Fija quién financia los mejores. UGT, como cualquier empleador, puede valorar la experiencia de sus trabajadores, retener talento o pactar complementos. Esa libertad quedaría vacía si la Administración tuviera que autorizar cada mejora. Pero se convierte en privilegio si las partes conservan la decisión y los contribuyentes reciben la cuenta. El límite judicial protege esa separación: ni permiso administrativo para cada mejora ni financiación pública automática de lo acordado.

Una subvención para impartir cursos no permite sostener sin límite la estructura de quien los organiza. Los gastos de personal pueden formar parte de la actividad subvencionada, pero esa relación no borra las condiciones del dinero recibido. Confundir ambas cosas permitiría convertir cada programa público en una vía para descargar costes propios. La formación no es una nómina en blanco. Pagar salarios tampoco justifica cualquier gasto.

El reintegro no es dinero nuevo. Es la recuperación de recursos que nunca estuvieron a libre disposición del sindicato. Sin devolución, las condiciones de la subvención quedarían en recomendaciones: el beneficiario podría incumplirlas y conservar el dinero. Por eso importa que los tribunales hagan efectivo el límite, también frente a una organización con una función representativa legítima. Representar a trabajadores no permite obligar al contribuyente a financiar compromisos de empleador.

Hay otra factura para la independencia sindical. Una organización preserva mejor su autonomía cuando sostiene sus decisiones con recursos propios. Trasladar sus obligaciones internas a las ayudas públicas vincula su margen de actuación al poder que las administra. UGT no gana independencia frente al Estado descargando en él sus compromisos como empleador. El sueldo lo pacta UGT. La factura también es suya.