El PP pide a Bruselas revisar los fondos ferroviarios tras los accidentes de Adamuz y Urda

El PP ha registrado varias preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión Europea para que examine las inversiones financiadas con fondos comunitarios en la red ferroviaria española. La iniciativa, encabezada por Dolors Montserrat, reclama revisar la ejecución de las obras y los controles de mantenimiento y modernización tras los accidentes de Adamuz, en Córdoba, y Urda, en Toledo.

Los populares quieren que Bruselas compruebe si las infraestructuras y los sistemas de protección anunciados por el Gobierno estaban instalados, probados y en servicio. También preguntan si España ha cumplido sus obligaciones europeas de seguridad ferroviaria y de supervisión del gasto. Según la información recogida por el PP, el accidente de Urda dejó 69 víctimas mortales.

Una de las cuestiones centrales es el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación, necesario para desbloquear nuevos desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los eurodiputados solicitan verificar si las actuaciones vinculadas a ese compromiso estaban terminadas y disponibles para la explotación ferroviaria cuando el Gobierno lo declaró cumplido.

Entre los contratos señalados figura el adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021 por 93 millones de euros. Su objeto era renovar la señalización y la protección de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, incluida la sustitución del sistema LZB. Según recoge la iniciativa, el plazo de ejecución concluía en enero de 2026, pero diez meses después ese sistema seguía operativo.

El PP pregunta cuánto dinero europeo se destinó a los contratos bajo investigación de la Fiscalía Europea en relación con ambos accidentes y qué comprobaciones se hicieron para acreditar la correcta ejecución de los trabajos. También consulta si la Comisión prevé auditorías específicas y si exigiría la devolución de fondos en caso de confirmarse un uso irregular.

La petición afecta tanto a la seguridad de los viajeros como al control del dinero público: los populares buscan comprobar que los pagos financiaron actuaciones efectivamente realizadas. La eventual devolución de fondos se plantea como una pregunta condicionada a que se acrediten irregularidades, no como una decisión adoptada por Bruselas.

La iniciativa solicita además revisar los procedimientos de circulación en condiciones degradadas y valorar recomendaciones provisionales a las autoridades españolas para reforzar la seguridad. El PP reclama transparencia sobre los contratos investigados y responsabilidades si las pesquisas acreditan irregularidades.

Las preguntas también abordan la ejecución pendiente de los fondos. Según las cifras citadas por los populares, al cierre de 2025 el Ministerio de Transportes tenía por ejecutar 1.196 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 61,8% de los fondos asignados.

Fuente: Libertad Digital · leer el original