El juez cita como investigados a 18 excargos de la Junta y de IDEA por las ayudas a Santana Motor
La investigación examina presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el Plan Linares Futuro. Entre los citados figura el exconsejero de Economía Antonio Ávila.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado citar como investigados a 18 antiguos altos cargos y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA y de la Junta de Andalucía por las ayudas públicas a Santana Motor. El magistrado ha ampliado la instrucción hasta finales de 2026 para esclarecer el presunto desvío de fondos en torno a la extinta factoría de Linares, en Jaén.
La resolución incluye, además de al exconsejero Antonio Ávila Cano, a los exviceconsejeros Luis Nieto y Justo Mañas y al antiguo director general de IDEA Antonio Valverde Ramos. Las pesquisas se centran en el diseño y la ejecución del Plan Linares Futuro. Las citaciones se producen en calidad de investigados por los tres presuntos delitos.
Según el juez, la Administración autonómica articuló un mecanismo para aportar recursos a la empresa automovilística cuando ya estaba en quiebra técnica e incluso después de su liquidación oficial, en abril de 2011. La operativa habría consistido en transferencias directas a IDEA, que remitía el dinero a su filial Incuba para pagar prejubilaciones e indemnizaciones presuntamente irregulares.
La investigación sitúa en más de 44 millones de euros los fondos presuntamente desviados mediante sucesivas ampliaciones de capital en la filial, bajo la justificación de financiar anticipos a unos 750 extrabajadores. Para los contribuyentes, la causa afecta al destino de recursos públicos que, según el magistrado, se canalizaron al margen de la fiscalización de la Intervención General y de los controles ordinarios.
Las pesquisas también apuntan a más de 900.000 euros en anticipos no recuperados, pagos a personas que no reunían la condición de beneficiarias y préstamos presuntamente ficticios por 1,5 millones de euros a entidades vinculadas a la mercantil Matresur.
Vilaplana ha ordenado tomar declaración como testigos a directivos de la factoría, auditores de la Intervención y representantes de UGT y CCOO. También comparecerán en esa condición el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río y Juan María González, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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