El Gobierno modifica la norma de las zonas de bajas emisiones para exigir que se apliquen las sanciones
Los ayuntamientos deberán acreditar que las restricciones de tráfico y los controles funcionan. Transición Ecológica busca impedir que las moratorias mantengan sin efecto el régimen sancionador de estas áreas.
El Gobierno ha aprobado este martes, 3 de noviembre, una modificación del Real Decreto 1052/2022 que exige a las entidades locales aplicar el régimen sancionador de las zonas de bajas emisiones (ZBE), sin sistemas transitorios que retrasen su efectividad. Las ordenanzas municipales deberán contemplar y ejecutar las sanciones previstas en la normativa estatal de tráfico.
La reforma obliga también a los ayuntamientos a acreditar documentalmente el cumplimiento efectivo de los requisitos de estas zonas. Deberán comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su potencial contaminante, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica.
Esa acreditación incluye la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento. La modificación pretende corregir las deficiencias que el departamento dirigido por Sara Aagesen asegura haber detectado durante los primeros años de aplicación de la regulación de 2022.
Para los conductores, el cambio afecta tanto a las limitaciones para entrar, circular o aparcar con determinados vehículos como a la aplicación de multas por incumplirlas. La reforma exige que las restricciones por potencial contaminante y el régimen sancionador sean efectivos, frente a las moratorias que han aplazado las sanciones en algunas ciudades.
Entre los problemas identificados por el Ministerio figuran los periodos excesivamente prolongados sin sancionar y las zonas que carecen de restricciones de acceso vinculadas al potencial contaminante. Según su diagnóstico, algunas ZBE se han quedado en una delimitación territorial sin medidas efectivas.
Transición Ecológica también cuestiona la extensión de determinados ámbitos: considera insuficientes algunas zonas que coinciden con espacios donde ya existían limitaciones al tráfico antes de su implantación.
Desde 2023, unos 150 municipios españoles debían haber puesto en marcha estas áreas, previstas para poblaciones de más de 50.000 habitantes. Más de un centenar de localidades siguen sin ZBE, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica analizados por Bipi.
Fuente: abc.es · leer el original
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