El Gobierno entrega al Supremo la lista de 163.355 afectados por las cautelares de la Ley de Nietos

El Gobierno ha remitido al Tribunal Supremo una relación nominal de 163.355 españoles afectados por las medidas cautelares sobre la Ley de Nietos. Con esta entrega, el Ejecutivo atiende el requerimiento de la Sala, que había reclamado la identificación de las personas afectadas por la suspensión acordada el 10 de septiembre de 2026.

El pasado viernes, el Supremo dio un plazo de cinco días al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para facilitar la lista. El tribunal les advirtió de que, si no cumplían, podrían ser multados o incluso llamados a declarar.

La Sala reprochó a la Administración que no hubiera aportado los nombres pese a conocer la identidad de los afectados, cuyos expedientes había tramitado y resuelto. Fuentes del Gobierno defienden, por su parte, que el Ejecutivo ha trabajado desde que se dictaron las cautelares para recabar la información solicitada.

La identificación tiene consecuencias para el ejercicio del derecho al voto. El Supremo señaló que, con un proceso electoral convocado, la inacción administrativa podía acabar impidiendo votar a estas personas por la aplicación de las cautelares. El Gobierno prevé que buena parte de los incluidos en la relación verá suspendido ese derecho, como atribuye a lo solicitado por Vox y otras asociaciones.

La Abogacía del Estado ha pedido que el listado entregado al tribunal tenga carácter reservado porque contiene información personal. Según fuentes gubernamentales, la solicitud busca evitar un posible uso malicioso o ilegítimo de esos datos por las partes del procedimiento.

En el auto que fijó el ultimátum a los ministros, el Supremo también indicó que, de los 31.390 expedientes de afectados por las cautelares, solo 91 personas habían conseguido acreditar que eran descendientes de exiliados.

El Ejecutivo calcula que el impacto electoral potencial sería inferior a 14.000 votos repartidos entre 52 circunscripciones si las 163.355 personas estuvieran inscritas en el censo exterior y se aplicaran los niveles habituales de participación. Según su estimación, equivaldría a menos del 0,06 % de los votos emitidos en las generales de 2023.

Las mismas fuentes sostienen que la incidencia real sería menor porque la relación incluye personas que no figuran en el censo electoral de residentes ausentes, entre ellas menores y personas fallecidas.

Fuente: Libertad Digital · leer el original